La decisión de la Procuraduría General de la República de no recomendar indultos con motivo de las navidades es, a todas luces, cuestionable. No lo hace porque ningún recluso sea merecedor del perdón presidencial que consigna la Constitución, sino para resguardarse de posibles escándalos.
El más reciente de los alborotos ocurrió en 2008, cuando el presidente Leonel Fernández indultó a reclusos condenados por corrupción. Por irresponsabilidad del Ministerio Público presos que han exhibido buena conducta, enfermos, dignos del perdón presidencial, están condenados a seguir tras los barrotes. La decisión choca hasta con la propaganda de las propias autoridades sobre la rehabilitación de decenas de reclusos a través de programas que se han implementado en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Si no hay un solo recluso que sea merecedor de que se recomiende su indulto cae por gravedad que el sistema carcelario es todavía un desastre. La denominada comisión de indultos de la Procuraduría todavía está a tiempo para revisar los casos de algunos reclusos que de seguro reúnen los perfiles para que les conmuten las penas.
