La Constitución consagra la libertad de enseñanza, educación básica obligatoria y la garantía de que todos los niños y adolescentes puedan acceder a la escuela, pero esos preceptos no son más que papel y letra, pues la educación ha sido privatizada para una gran parte de la sociedad que debe pagar más de 25 mil millones de pesos anuales por la instrucción de sus hijos.

A causa de la crasa deficiencia en el sistema público de enseñanza, el 25 por ciento de los más de tres millones de estudiantes de los niveles básico e intermedio está inscrito en colegios privados, la mayoría de los cuales, sin la menor supervisión de la Secretaría de Educación, impone reglas sustentadas en cobros abusivos y compulsivos por servicios que prestan o dicen prestar.

La clase media dominicana, cuyos hijos representan el 84 por ciento de los alumnos de centros educativos particulares, financia el 56 por ciento de todos los recursos que se invierten en el sistema educativo nacional, lo que revela un drama que se ha convertido en tragedia para el presupuesto familiar.

A pesar de numerosas ordenanzas sobre tarifas, calidad y programas la mayoría de los colegios obligan a padres y tutores a pagar por altas mensualidades, reinscripción y cobros por otras actividades.

Las sociedades de padres no tienen donde acudir para obtener garantía de que en esos colegios privados se cumplen los programas de enseñanza. No se niega la calidad en reputados centros pero se considera un abuso incalificable las altísimas tarifas que se aplican en la mayoría.

A lo que se aspira es a que Educación ejerza mayores controles sobre esas empresas educativas que succionan más del 40 por ciento del presupuesto familiar en avasallante afán de lucro que por demás atenta contra la calidad de la enseñanza.

Los ejemplos de colegios privados, cuyos directores y maestros suben o bajan calificaciones como premio o castigo a alumnos que participan o se ausentan de excursiones organizadas sólo para obtener beneficio pecuniario, deberían servir para que las autoridades averigüen el tipo de desperdicio que se esconde debajo de las alfombras.

La serie de reportajes que desde ayer publica El Nacional sobre los colegios privados ha puesto el dedo sobre la llaga. Se reclama ahora que la Secretaría de Educación procure medicina adecuada para conjurar un tumor de ambición que ha hecho metástasis en los bolsillos de la clase media.