No es admisible, en ningún plano, que la Cámara de Diputados esté considerando un proyecto de ley que busca penalizar con cárcel la difamación y la injuria a quienes desde la comunicación critiquen a funcionarios públicos.

El despropósito, que coincide extrañamente con el proyecto que procura sean reducidas y minimizadas las consecuencias legales a los hombres agresores de las mujeres y que convertiría a República Dominicana en el primer país del mundo que auspicia un retroceso jurídico en un tiempo en el cual son más las mujeres asesinadas y violentadas, tiene que ser enfrentado sin vacilaciones por las organizaciones periodísticas, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la organización patronal internacional: la Sociedad Interamericana de Prensa, y otros organismos.

¿Qué pasa en la mentalidad de quienes impulsan estos dos recesivos proyectos de legislación?

Los funcionarios públicos pueden ser criticados en la medida en que sus actuaciones son públicas y, por tanto, están sometidas al escrutinio de quienes informan y orientan la sociedad. Si se incurre en injuria o difamación, la misma legislación actual establece las formas de presentar los casos a los tribunales.

Al parecer, alguien respira por alguna herida y aspira a dar categoría de ley a sus aspiraciones de autoritarismos personales.

Este lunes, a las diez de la mañana, estamos convocados al Congreso Nacional para intercambiar con la comisión que maneja el tema.

Hay que acudir a esa cita. Hay que lograr que la razón se imponga.

No es posible que aceptemos tan tranquilamente una Ley de Silencios.

Eso sí sería hacer lo que nunca se hizo, pero en reversa.