El fin de la exoneración de impuestos a las compras por internet era la crónica de una muerte anunciada. No gravarlas en la entrada es desleal al comercio local e incentiva la evasión de impuestos mediante las compras fragmentadas. No obstante ello, si la intención del Gobierno es combatir, en serio, la competencia desleal en la industria local esto va a requerir tomar medidas mucho más profundas que tocar los impuestos a las compras por internet, probablemente no siendo algunas de esas medidas del agrado de los miembros de la AIRD y el CONEP.

Las compras por internet no son un problema en sí, es un síntoma de un problema mayor. La clase media acude y probablemente va a seguir acudiendo al internet para realizar sus compras porque los precios de los productos importados, con o sin impuestos, suelen ser notoriamente menores en internet que a los ofrecidos por los minoristas en nuestro país.

La realidad es que en nuestro país la tan mentada competencia no existe, justo porque una parte significativa de nuestra economía está cartelizada o directamente manejada por monopolios, en muchos de los casos con apoyo directo o indirecto del Estado sea por tráfico de influencia o por un mar de regulaciones absurdas que imposibilitan la entrada de nuevos competidores.

Aunque hay un fundamento legal e impositivo detrás de eliminar la exoneración para los compras por internet, la medida es impopular porque nuevamente el empresariado local se ha valido de la mano protectora del Estado para proteger sus márgenes, sin poner el más mínimo esfuerzo operativo o de negocio para mantenerlo. Para el empresario dominicano es más rentable invertir en lobby que en investigación y desarrollo.

La vía para iniciar un cambio profundo en la situación actual es finalmente poner en vigencia la Ley General de Defensa a la Competencia que, ya a 6 años de su promulgación sigue en su letargo eterno sin poder ejecutarse por la falta de un Director Ejecutivo de Pro-Competencia, con la gravante de que la misma ya debe ser modificada para poder ajustarla a las necesidades actuales de nuestra economía y las prácticas internacionales.

La competencia debe funcionar en favor del consumidor, sin embargo en República Dominicana cuando se habla de competencia es para favorecer a unos sobre otros con el único resultado de más perjuicios a los consumidores. Si la intención de la medida de eliminar la exoneración a las compras por internet es eliminar ese foco de competencia desleal, deberíamos seguir con los demás focos relevantes de esa problemática.