En tanto los grupos que convocaron a la marcha del 22 de enero contra la corrupción y la impunidad buscan firmas para que se apodere a fiscales especiales del caso Odebrecht, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha dado cuenta de los avances en las negociaciones para el consorcio resarcir al Estado con 184 millones de dólares por los sobornos que pagó para adquirir contratos.

El Gobierno recibirá un primer aporte de 30 millones y los restantes en ocho años. El pacto podría tener sus bemoles, pero la sensatez indica que obras como las plantas a carbón de Punta Catalina, avanzadas en más de un 70%, no se pueden interrumpir. Pero tampoco ponerse a inventar. Que el proceso de construcción se audite es otra cosa.

Otro detalle significativo es que el arreglo no supone el punto final de las investigaciones sobre los sobornos por 92 millones de dólares que pagó la constructora. El método de trabajo del procurador podrá dejar mucho que desear, más aun cuando todavía ni siquiera se ha identificado a ningún sospechoso, pero no por ello deja de ser importante el acuerdo con Odebrecht.

Los juristas suelen decir que a veces es preferible un mal arreglo a un buen pleito. En las negociaciones con la constructora tal vez sea el caso.