La Marcha Verde realizó ayer su sexta concentración o caminata en reclamo del fin de la corrupción e impunidad, que como todas las anteriores transcurrió en completo orden, clara señal de que avanza y se fortalece el tipo de democracia basada en la tolerancia, diversidad y respeto al derecho ajeno.

La sociedad repudia toda forma de prevaricación pública o de corrupción privada y, obviamente, la ausencia de consecuencias penales y civiles contra esas y cualquier otra infracción que signifique sustracción o distracción de fondos públicos.

Esos reclamos no tienen patentes de exclusividad por parte de ningún grupo político, social, religioso o de la mentada sociedad civil, pues forman parte de una cartilla donde se inscriben los anhelos colectivos relacionados con la transparencia, cumplimiento y aplicación de la ley.

El propio Gobierno, junto a las demás instituciones del Estado, debería adherirse al clamor contra el peculado, venalidad e impunidad, males incompatibles con la convivencia y la democracia y con el propósito de crecimiento económico.

Todas las concentraciones convocadas bajo la marca social de Marcha Verde han sido pacíficas y bien organizadas, a pesar de los recurrentes intentos por torcer el propósito de ese movimiento cívico.

Para que se tenga una idea de la trascendencia de que las convocatorias de la Marcha Verde transcurran sin incidentes, se pone de ejemplo que en Hamburgo, Alemania, miles de personas escenificaron batallas campales contra la Policía, en protesta por la Cumbre del Grupo G-20, con saldo de decenas de heridos.

En Venezuela, las manifestaciones contra el Gobierno arrojan un saldo de más de un centenar de muertos y en Brasil son frecuentes los enfrentamientos entre multitudes y las autoridades, mientras en otras naciones se denuncia represión contra ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta.

Se reconoce el notable ejercicio cívico que en favor de la transparencia y el respeto a la ley ha encaminado el movimiento Marcha Verde, al tiempo que se resalta el trato dispensado por las autoridades de respeto y garantía al ejercicio de un sagrado derecho constitucional que se ejerce con toda libertad.