El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), condenó al Estado español por desconocer más de 30 solicitudes de medidas de protección hechas por Ángela González, para ella y su hija de 7 años. La falta de diligencia originada en la adhesión a los esterotipos de género del sistema de justicia, permitieron que el padre asesinara a la niña en 2003 y se suicidara posteriormente, durante el régimen de visitas. Ángela, que había huido de la casa familiar con su hija Andrea, entonces de 3 años, denunció a su agresor, pero el maltrato continuó después del divorcio, incluso a través de su hija. Víctima de violencia basada en el género no presentía, sino que sabía la capacidad violenta de sujeto, por eso pedía que no se le permitiera estar a solas con la niña.

En septiembre de 2012, la organización Women’s Link Worldwide, llevó el caso al Comité de la CEDAW que hoy obliga a Estado español, a “reparar de manera adecuada e indemnizar integralmente” a esta mujer. En su resolución, el Comité de la CEDAW, reconoce que España ha formulado leyes, programas de concienciación, educación y capacitación, así como la promulgación de una Ley Integral Contra Violencia de Género, aprobada en 2004, que es modélica, sin embargo identifica prácticas de jueces, fiscales, trabajadores sociales que «con frecuencia» desprotegen a las víctimas y sus hijos.

Además, ratifica la obligación de los Estados de «investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos» que dejan sin protección a las víctimas de violencia de género”, y recuerda que para hacer esto realidad se necesita de «voluntad política y el apoyo de agentes estatales».

El caso de Ángela, nos recuerda a no pocas dominicanas que sufren también desprotección por insensibilidad e ignorancia del sistema de justicia, social y comunitario, en la ruta crítica por violencia basada en el género.

Las evaluaciones realizadas hasta la fecha en el país, señalan que, mientras el Ministerio Público avanza en el conocimiento del fenómeno de la violencia basada en el género, intrafamiliar y sexual, por su necesidad de responder al proceso de investigación, aunque mantiene algunas resistencias a las buenas prácticas, el poder judicial se mantiene rezagado, desestimando un porcentaje considerable de casos como no judiciables.

Las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos, tienen adonde recurrir para los casos de violencia contra la mujer, desprotegidos por el Estado dominicano, signatario de la CEDAW y obligado a establecer la seguridad necesaria para las dominicanas y sus hijos e hijas menores.