El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) sólo espera la convocatoria de las autoridades para iniciar las discusiones relacionadas con la modificación de los salarios, al tiempo que reiteró que el Comité Nacional de Salarios sólo tiene facultad legal para legislar en relación al salario mínimo.

Los principales ejecutivos del organismo cúpula del sector empresarial dominicano estimaron que la modificación de los salarios es urgente, debido al deterioro del poder adquisitivo de los asalariados, pero debe hacerse sin violentar la legislación vigente.

Manuel Díez Cabral, presidente de la entidad, dijo que históricamente se ha demostrado que cuando se modifica el salario mínimo, se produce un efecto dominó que impulsa el alza de las demás escalas, por lo que defendió que las discusiones relacionadas con los salarios se hagan de acuerdo a como lo establecen las leyes, en el marco del Comité Nacional de Salarios.

Los ejecutivos del Conep advirtieron que un alza generalizada de salarios, como plantean las centrales sindicales, puede desatar una espiral inflacionaria que termine neutralizándola.

Opinaron, sin embargo que es preciso adoptar otras medidas que permitan reducir costos que inciden en los salarios, como son los gastos relacionados con transporte, educación y salud.

Díez Cabral emitió sus consideraciones al participar como invitado al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, donde estuvo acompañado del vicepresidente de la entidad, Rafael Blanco Canto; el vicepresidente ejecutivo, Francisco Castillo, y los vocales Marisol Vicens y Pedro Pérez..

Al opinar sobre el tema salarial, Vicens dijo que el sector empresarial sólo espera que sea convocado el Comité Nacional de Salarios para iniciar en su seno las discusiones relacionadas con la modificación del salario mínimo, que debe hacerse cada dos años.

Dijo que en el país hay una resistencia a cumplir con el ordenamiento legal, porque cada dos años tienen que revisarse las tarifas del salario mínimo, pero lo que sucede es que en vez de desarrollarse discusiones con el marco legal, se pierde tiempo y recursos discutiendo el modelo que establece el Código de Trabajo.

Tenemos que discutir en el organismo correspondiente el Índice de Precios al Consumidor, las variables económicas, la situación de las empresas, para poder realizar los aumentos, dijo.

Precisó que otra modificación, debe estar precedida de una modificación de la ley, para lo cual las propuestas deben remitirse al Congreso Nacional.

Pérez, sobre el mismo tema, dijo que no puede producirse una modificación de los salarios sin tomar en consideración que más del 50 por ciento de la fuerza laboral está en el sector informal. Opinó que el nivel salarial debe estar dirigido a mantener los puestos de trabajo existentes, pero que también permitan la creación de otros.

En otro orden, Díez Cabral pidió a la Superintendencia de Bancos y al Instituto Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores, que saquen a las instituciones de intermediación financiera del litigio institucional que mantienen con relación a los contratos de adhesión, debido a que esas entidades, al final de la jornada serán las más perjudicadas.

Blanco Canto reveló que la Superintendencia de Bancos le prohibió a los intermediarios financieros que envíen los contratos de adhesión a Pro Consumidor, so pena de ser sancionados.

Pro Consumidor dijo que si no los envían, también serán sancionados.

Explicó que para los bancos es preferible desobedecer el mandato de Pro Consumidor, debido a que una sanción de la Superintendencia de Bancos podría tener para ellos implicaciones mayores, relacionadas con la aplicación de las normas prudenciales.