A principios de este mes el abogado Eduardo Jorge Prats, quien asesoró a la Procuraduría General de la República en el contrato a través del cual Odebrecht se comprometía a resarcir al Estado por los sobornos para la adjudicación de obras, así como a cooperar en las investigaciones, declaró que había más pruebas contra los imputados en el caso. Seguro de su afirmación subrayó que además de una conclusión será uno de los pocos casos donde se “golpea en la parte del cuerpo que más duele, que es la del bolsillo”.

Los argumentos d el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para la prórroga de cuatro meses que ha solicitado en las investigaciones, desmienten la afirmación de Jorge Prats. Además de no contar con las tales pruebas, el jefe del Ministerio Público alega que se necesita de un plazo razonable para completar una investigación que desde su punto de vista se ha tornado difícil para reconstruir los hechos y descubrir la verdad.

Lo cierto es que muy pocos se han sorprendido de la decisión de Rodríguez. Desde que estalló el escándalo jamás se le ha visto interés, al menos respaldado por acciones, en establecer justicia sobre las prácticas corruptas, que por la impunidad ensombrecen más la imagen de este país.

Es la única nación donde el caso está en el limbo, a pesar de que aquí operaba la oficina para los pagos de sobornos a políticos de otras latitudes. Sin pruebas a la fecha, el proceso más por intereses políticos que por fundamento jurídico se desplomaría si es ventilado por un juez responsable.

Rodríguez también basó la solicitud de prórroga en que todavía se aguarda la respuesta de colaboración que se solicitó a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Antigua, Barbuda, Panamá, Barbados, España e Islas Vírgenes, en otros países.

Pero mientras por aquí se espera, otras naciones se han tomado la iniciativa de investigar más allá de las delaciones premiadas, que para la región significaron muy poca cosa. Si los países no responden, no habrá, por lo visto, mucho qué hacer.

No ha sido así en otras naciones. Y el caso de Perú, cuyos fiscales interrogaron al presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, de donde salieron informaciones que salpicaron hasta el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, es el más ilustrativo.

Más que algún halo de esperanza resulta hasta irónico el candor del Ministerio Público. En un año no se han podido realizar los peritajes ni conseguir datos al alcance de la mano hasta de entidades públicas, porque no existe voluntad.

De existir hace tiempo que la Procuraduría General de la República habría conseguido, como hicieron otros países, toda la información para actuar sobre los sobornos de Odebrecht.