Santo Domingo.- El Ministerio Público dijo confiar en que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional incorporarán las delaciones premiadas de exejecutivos de la empresa Odebrecht presentadas como pruebas contra los seis imputados acusados de recibir sobornos distribuidos por dicha empresa para lograr la adjudicación de obras públicas en el país.

Los fiscales al exponer ante las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, destacaron que las pruebas legales forman parte de los documentos que viene presentando en el proceso, enviadas desde Brasil en el marco de una cooperación jurídica internacional abierta.

El pasado martes, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del exejecutivo de la empresa Marcelo Odebrecht.

Además de las declaciones de Marcelo Odebrecht, en el bloque número dos de evidencias se encuentran las del empleado número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el 50, Luis Antonio Mameri, y el 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.

Con las evidencias, el Ministerio Público, encabezado en el juicio por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, busca demostrar la participación específica de cada uno de los imputados en el esquema de pagos de sobornos en República Dominicana.

Las delaciones son pruebas comunes que forman parte de la oferta probatoria de la Pepca para demostrar la acusación por los sobornos en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, quien fungió como representante de la firma brasileña en sus negocios con el Estado dominicano.

También, contra los coimputados Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de la provincia San Cristóbal; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, así como de Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa, los cuales están siendo procesados por los US$92 millones en sobornos que admitió la constructora brasileña Norberto Odebrecht que distribuyó en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de obras estatales.