La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) se mostró alarmada por el costo que pagan los contribuyentes para mantener a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), entidad que sigue inhabilitada seis años después de haber sido promulgada su legislación.

Víctor Castro, presidente de la organización empresarial, sostuvo que en sueldos esa institución implica una carga de RD$74.0 millones anualmente y que tan sólo la presidenta y sus cuatro miembros le salen al país RD$34.0 millones al año, sin incluir viáticos, vehículos, teléfonos y combustible. Su presupuesto para 2014 es de RD$96.6 millones.

Consideró una ofensa la “pasarela oficialista” de la presidenta del organismo, que devenga RD$500,000 al mes para hacer anuncios de intenciones, contactos sociales “y, en fin, puras relaciones públicas”.

“Por lo que hemos podido observar, esa entidad no puede recibir expedientes sobre prácticas que afectan la eficiencia económica de los mercados porque el gobierno aun no designa al director ejecutivo, una suerte de fiscal que pondría en marcha los casos, pese a que todos los miembros fueron juramentados en 2012”, explicó.

Castro advirtió que no habilitar esa institución contradice la filosofía de gobierno del presidente Danilo Medina de gobernar para la gente.
“En la medida en que se regule la competencia, desmontando los carteles económicos y los abusos de posición dominante, los consumidores tendrán más calidad y mejores precios en los bienes y servicios”, sostuvo.