Al Tribunal Constitucional le correspondería establecer si la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe a partidos y aspirantes a realizar campaña electoral por vía de marchas, caravanas o caminatas, colisiona con el Texto Sustantivo o limita derechos fundamentales.

La objeción a que se desate un oleaje proselitista a casi dos años de las elecciones generales no debería ser un tema de discusión constitucional, sino político o de gobernabilidad, sentido de oportunidad y buen juicio, que debería ser sopesado al margen de la decisión anunciada por la JCE.

Se acerca a la frontera de la irracionalidad pretender que la agenda de urgencias nacionales sea subordinada al tema de promoción de precandidatos, máxime en una nación signada por las precariedades presupuestarias, bajos índices de desarrollo humano y pronunciada exclusión social.

La evidente crisis que abate al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no debería monopolizar el contenido y dirección del debate nacional, ni provocar que el Gobierno descuide su agenda de realizaciones y obligaciones para con la población.

A partidos y aspirantes les asiste derecho consagrado en la Constitución para promover candidaturas a través de encuentros, reuniones o cualquier otra actividad que no afecte la cotidianidad de una sociedad que de lo que menos dispone es de tiempo para avanzar y superar metas y retos.

Los temas esenciales de la nación deben retornar al debate político y al discurso de propios aspirantes, compelidos a referirse al pacto eléctrico, endeudamiento público, incremento de los carburantes, reforma fiscal, seguridad ciudadana, generación de empleos, promoción de las exportaciones, etcétera.

Existen miles de formas y maneras de cortejar el voto ciudadano para los comicios de 2020, sin necesidad de distraer a la nación de sus asuntos básicos, en cuya discusión y propuestas de soluciones debe participar activamente el liderazgo político que hoy enrumba sus esfuerzos en adelantar la apertura del circo electoral.

El Gobierno ni el partido oficialista pueden agenciarse licencias para recesar de sus obligaciones de gobernar y afrontar las urgencias nacionales, menos aún para pretender llevar a toda la nación a sentarse en las graderías de una crisis partidaria, cuya solución o desenlace solo corresponde decidir a la dirección del PLD.