Las consecuencias de la existencia de un Congreso corrompido y un gobierno asaltado por mega-millonarios tienden a colocar la necesidad de una constituyente popular y soberana en el centro del debate nacional. Su pertinencia brota.

Aquí no hay democracia, porque no existe un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Dominan cúpulas o cogollos de partidos tradicionales junto al poder del dinero detentado por empresarios multimillonarios; una combinación de partidocracia y plutocracia, equivalente a poder de la “clase política”, poder de los ricachones y del imperio estadounidense que manejan las instituciones del Estado contra el pueblo.

La propuesta de constituyente es para cambiar de raíz esa realidad y debe ser vista como un proceso que solo puede lograr con cambios trascendentes si se crea poder desde el pueblo en lucha y ejerce su soberanía para cambiarlo todo y crear lo nuevo. A eso se llama poder constituyente.

Constituyente viene de constituir y en el caso del Estado y de sus instituciones implica reemplazar lo establecido o constituido para crear una nueva institucionalidad y una verdadera democracia, sustentada en una nueva Constitución.

Es justo que lo que no sirve para garantizar derechos, bienestar y poder de decisión del pueblo, debe ser cambiado por el propio pueblo. El poder constituyente, como negación del que está constituido (basado en la Constitución del 2010) solo puede surgir desde abajo, enfrentando el régimen decadente y proponiendo su sustitución.

Ese poder se crea a base de conciencia y organización en el curso de la realización de cuantas luchas sociales, culturales y políticas posibiliten debilitar el poder constituido hasta lograr su desplazamiento u obligarlo a ceder como en Chile.

Requiere ejercer la democracia de calle y poner en marcha un movimiento que imponga la asamblea constituyente dentro de normas realmente democráticas y participativas, elabore una nueva Constitución, rescate derechos, soberanía, y cree una nueva institucionalidad y un sistema electoral democrático.

Esto no puede hacerse dentro esta institucionalidad porque la partidocracia corrompida y el gran empresariado han establecido en la Constitución que el Congreso o Asamblea Nacional Legislativa es la única instancia con derecho reformar la Constitución. Y este Congreso corrupto y ultraconservador se ha descalificado para esas funciones. Lo del Código Penal es una muestra de lo que es capaz de hacer.

El pueblo con su lucha debe obligar a abrir ese candado para establecer la posibilidad de cambiar la Constitución a través de una constituyente soberana y popular, electa democráticamente por él y no impuesta por la partidocracia.