El Nacional

La empresa constructora Saipan interpuso una demanda contra el Estado Dominicano, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Consorcio AG-Convisa, acusados de violar la Ley de Contrataciones por haber otorgado grado a grado a una firma brasileña la construcción de la presa Monte Grande en Barahona.

Saipan interpuso la demanda por ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través de sus abogados Virgilio Bello Rosa y Rafael Ureña Fernández, quienes alegan que el Estado y el Indri al otorgar la construcción de la obra grado a grado, violaron las disposiciones del artículo 16 y siguientes de la Ley 340-06, que regula las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado.

El 22 de noviembre del 2006, el Estado juntamente con el Indri firmó con la empresa extranjera Consorcio Ag-Convisa un contrato para el diseño, construcción y financiamiento del Proyecto Múltiple Montegrande, que comprende, entre otras cosas, la construcción de la presa Monte Grande en Barahona.

Sin embargo, ayer a través de un espacio pagado, el Indri publicó un aviso de licitación pública internacional para el otorgamiento del contrato de construcción de la obra.

En su demanda, la empresa constructora Saipan solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que proceda conforme lo establecen los artículos 71 y siguientes de la Ley 340-06, que regula las contrataciones públicas.

En consecuencia, le pidió que declare nulo el contrato otorgado grado a grado al Consorcio Ag-Convisa, por ser contrario a lo que establece la Ley 340-06.

Le solicitó, además, que ordene al Indri y al Estado la celebración de una nueva licitación pública.

En julio del año pasado, Saipan intimó al Gobierno para que anulara el contrato que firmó con el citado consorcio, por entender que era violatorio a la Ley 340-06.

«Si en los próximos días no se pone fin a la violación a la Ley, dejando el contrato sin efecto, inmediatamente procederemos a actuar en Justicia», advirtió en ese entonces Virgilio Bello Rosa, quien trabaja como abogado para Saipan.

Dijo, además en esa ocasión, que el Gobierno le confirmó que el contrato con la empresa brasileña, por más de 200 millones de dólares, es posterior a la promulgación de la Ley 340-06, sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones para el Estado, que obliga a licitación pública.