La nueva Constitución debilita las atribuciones de los Poderes Legislativo y Judicial, desconoce otros poderes como el Municipal, y sobredimensiona los poderes del Ejecutivo.

Esta preponderancia sobre los otros poderes del Estado es la dicotomía que arrastramos desde el nacimiento de la República y culpable a su vez del autoritarismo que han ostentado la mayoría de nuestros gobernantes, con rarísimas excepciones, y responsable, además, de muchas de nuestras tragedias y dolores.

Impedir que esto se materialice, es deber de todos. Saludamos y respaldamos la posición de los doctores Luis Gómez, Luis Scheker Ortiz y Ramón Antonio (Negro) Veras, quienes en otro servicio a la patria, han elevado un recurso de Amparo y un recurso de Inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia se juega ahora su propia cabeza.

Es evidente el carácter paternalista que ha exhibido Leonel Fernández en el manejo de los fondos del erario desde su primer gobierno en el 1996: Prefiero pagar y no golpear a la población. Si no reparto se cae el gobierno. Por este carácter egocentrista y reaccionario, debemos alejarnos de él y de lo que su proyecto de contrarreforma conlleva. En lo concerniente a la elección de autoridades partidarias en el PRD en junio, debo señalar que si bien Miguel Vargas Maldonado demostró tener excelentes condiciones, debe actuar junto a otras de igual o quizá mayor calibre, como Hipólito Mejía y otros que surgirán, y, con justo derecho, medirán fuerzas.

Para lograr esta imparcialidad de las autoridades partidarias es imperativo que los candidatos no sean los controladores del aparato del Partido. De ahí la justeza de los Estatutos al prohibir que desde la presidencia del partido se aspire a la Presidencia de la República. No tenemos ya al gran árbitro José Francisco Peña Gómez. Cuidemos su legado: Distribuir el poder. No centralizarlo en pocas manos, ni siquiera en las suyas.

Peña Gómez fue garante de que los guzmancistas y jacobianos no aplastaran a los salvadoristas. Es esta distribución que garantiza el anhelo del pueblo de lograr el Estado de derecho.

Miguel Vargas se ve arrastrado y, al parecer, no puede torcer el rumbo de la militancia que dirige, que lo lleva en dirección de colisión contra esta aspiración. Es también una demostración de que si bien es verdad que los lideres conducen, también son a su vez arrastrados por las circunstancias.

Yo, convicto y confeso reeleccionista, no me arrepiento de haber presionado, desde mi modestísima posición, para que Hipólito Mejía buscara le reelección en el 2004.

Convencido estoy de que no es dañino que alguien, si cree que ha actuado bien, busque el respaldo de sus partidarios para seguir. Impedirlo mediante camisa de fuerza, como sería la prohibición constitucional de la reelección, choca con las condiciones de quien quiere seguir vigente, pero consultando la voluntad del Soberano, no buscando ardides y triquiñuelas para decidir por él.