La rescisión del contrato con la firma Codacsa para operar el peaje de Las Américas ha representado para el país una indemnización a la empresa de más de 33 millones de dólares. La condena del Estado dominicano por una corte internacional debe servir de premisa a las actuales autoridades en las conversaciones para asumir el control del sistema de peajes.
El saliente ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, daba como un hecho que el Estado ganaría una litis, bajo el supuesto de que Codacsa no había cumplido con los términos del contrato, que al final resultó en todo lo contrario. Y al pueblo dominicano no le queda más que pagar el costo de un pleito del que incluso se citan otras implicaciones que han debido investigarse.
Si Obras Públicas, como dijo el ministro Gonzalo Castillo, no está conforme con la administración de los peajes dados en concesión, lo más recomendable es que no se precipite para evitar incurrir en el costosísimo error de su antecesor.
El Nacional
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