La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue apoderada del caso de un abogado dominicano que alega que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pretende juzgarlo disciplinariamente sin antes agotar un primer paso legal.

Se trata del doctor Inocencio Ortiz Ortiz, quien es juzgado disciplinariamente por la Suprema Corte sin que antes su caso fuera conocido por el tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, como manda la Ley 91-83 de colegiación de los abogados del país.

Ortiz Ortiz es juzgado disciplinariamente por la SCJ, en virtud de una querella que en su contra interpuso el señor José Leonelo Abreu Aguilera a través de sus abogados Edwin Grandel Capellán y Enrique Marchena Pérez.

Dichos abogados acusan a su colega de mala práctica en sus funciones, como consecuencia de un embargo ejecutivo que hizo contra su cliente Abreu Aguilera.

En virtud de dicho embargo, que Ortiz Ortiz alega lo hizo basado en una sentencia definitiva de la Cámara Penal de la SCJ, los abogados Grandel Capellán y Marchena Pérez decidieron querellarse en su contra por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

En la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ortiz Ortiz alegó que los jueces de ese tribunal no eran competentes para conocer su caso, en vista de que primero debió de ser procesado por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogado de la República, como lo establece la Ley 91-83 de colegiación de los abogados.

Sin embargo, su alegato fue rechazado por la SCJ, tribunal que decidió seguir juzgándolo disciplinariamente.

Ante ese caso, Ortiz Ortiz dijo que decidió llevar su caso por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente para proteger el doble grado de jurisdicción, sino también por las violaciones que, según él, ha cometido la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en el caso del embargo que le hizo al señor Abreu Aguilera.