En días pasados, el Gobierno de mi país señaló que durante los próximos seis meses nuestra Presidenta no participará, en lo personal, de las reuniones de Presidentes de Centroamérica, en respuesta a inéditos eventos ocurridos en los últimos meses relacionados con el uso político de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana. Sin embargo, ello no significa que Costa Rica busque salirse del Sistema, o abandonar a los hermanos pueblos centroamericanos. Los hechos, a los que hago referencia, merecen una explicación.

Luego que los centroamericanos venciéramos a las fuerzas invasoras filibusteras, que buscaban esclavizar Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua, con el auxilio de El Salvador, firmamos un Tratado de Límites en 1858. Ese Tratado, más que fijar una línea fronteriza, estableció un Régimen Fronterizo.

Ese Régimen establece, entre otras cosas, el condominio de las Bahías de San Juan del Norte y de Salinas, el reconocimiento de la provincia de Guanacaste como territorio legítimo e indisputable de Costa Rica, los derechos costarricenses de libre navegación en el Río San Juan, la obligación de no utilizar el río para proyectar hostilidades, y la obligación de Nicaragua de consultar a Costa Rica en caso que planee construir un Canal Interoceánico. La opinión de Costa Rica es vinculante en el caso de que un Canal pueda perjudicar los derechos costarricenses, según lo decidió el Laudo hecho por el Presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, en 1888, cuyo objeto fue precisamente determinar la validez del Tratado de 1858, dado que Nicaragua desde muy temprano trató de desconocer su legitimidad y valor.

A pesar de que Costa Rica es un país de paz, sin ejército, y que solo busca la amistad y la cooperación con sus hermanas centroamericanas, por razones aún poco comprensibles, fue objeto de una invasión militar de Nicaragua en una parte del territorio costarricense en el Caribe Norte. En otras circunstancias y, por razones más pequeñas, muchos países se hubieran enfrascado en un conflicto armado.

Sin embargo, Costa Rica ha tratado por todos los medios de recurrir a las instancias del Derecho Internacional que son competentes para resolver el caso y, por ello, recurrió ante la Corte Internacional de Justicia.

Adicionalmente a la invasión, Nicaragua ha venido señalando sistemáticamente que desconoce el Régimen Fronterizo acordado en el Tratado de 1858 y, más aún, ha también incumplido las medidas provisionales dictadas por la propia Corte Internacional de Justicia en marzo del 2011, la principal de las cuales le ordena desalojar la zona invadida, lo cual nos debe preocupar a todos, porque tales amenazas pueden significar un deterioro de la estabilidad y seguridad centroamericana.

A raíz de esos graves anuncios y hechos, nuestro país, de forma soberana, consideró esencial realizar ciertas obras de infraestructura civil en su territorio, cercano a la zona fronteriza, incluyendo la construcción de un camino lastrado.

La respuesta de Nicaragua fue tratar de evitar que Costa Rica pudiera llevar a esas obras, para lo cual lanzó una campaña de desprestigio contra Costa Rica, aduciendo, sin fundamento, que nuestro país estaba causando un grave daño al río San Juan con la construcción de ese camino. Como parte de su estrategia, Nicaragua ha venido influenciando la institucionalidad centroamericana con el único fin de lograr objetivos políticos.

Uno de sus partidarios resultó ser la Corte Centroamericana de Justicia que, sin guardar ningún respeto por su institucionalidad y su marco jurídico, públicamente invitó a Nicaragua a presentar una causa contra Costa Rica. Como es ampliamente conocido, Costa Rica no forma parte de la Corte Centroamericana, pues rechazó la aprobación de su Estatuto desde 1995.

No obstante, organizaciones pseudoambientalistas nicaragüenses, al servicio de su Gobierno, atendieron la invitación y presentaron una demanda contra Costa Rica.

Nicaragua, como Estado, también presentó una demanda contra Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el mismo supuesto hecho.

Tanto Nicaragua como la Corte Centroamericana de Justicia saben que Nicaragua no tiene ningún elemento para apoyar su demanda contra Costa Rica ante la CIJ, por lo que tergiversaron los instrumentos de la Integración Centroamericana con el propósito de dar tracción al vacío caso ante la CIJ.

Un ejemplo claro de la colusión de intereses que priva en este momento, fue el hecho de que Nicaragua, como Presidente Pro-Témpore, recibiera con beneplácito la ilegal sentencia, emitida el mismo día que Nicaragua se inauguró en la Presidencia Pro-Témpore. Y justo al día siguiente de haber recibido esta Presidencia Pro-Témpore de Honduras, Nicaragua anuncia, el 30 de junio, el envío de un nuevo contingente de jóvenes sandinistas invasores a la zona objeto de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ.

Costa Rica considera que esos hechos dan cuenta que la institucionalidad de Centroamérica es maniobrada y que, justamente, se usa contra Costa Rica. Estas razones han hecho que Costa Rica haya decidido que su Presidenta, Jefe de Estado, se abstenga de participar personalmente en las reuniones de Presidentes de Centroamérica que se hagan en Managua.

Sin embargo, nuestra permanencia sigue firme en Centroamérica y en el SICA, y de hecho Costa Rica participará en las reuniones de Presidentes, con el nivel apropiado, cuyo objeto será tomar toda y cualquier acción que sea necesaria para defender la institucionalidad de la región y los derechos de nuestro país.

También participaremos en todos los otros foros y órganos, con el objeto de tener un papel mucho más activo en defensa del marco jurídico regional y en procura de mejorar la institucionalidad. Ello significa promover la discusión abierta y franca entre todos los centroamericanos, y hacer ver los riesgos para la paz y la estabilidad de la región que representa seguir permitiendo la injerencia política en el Sistema, y, hasta donde nos sea posible, reformar totalmente la institucionalidad, empezando por la propia Corte.

Los centroamericanos pueden estar seguros de que Costa Rica seguirá participando activamente en los asuntos de Centroamérica, para lograr soluciones conjuntas que logren una región más democrática, más segura, más respetuosa de los derechos humanos, con instituciones sólidas cuyo propósito sea promover el bienestar y la dignidad de todos sus ciudadanos y ciudadanas, y hacer así de Centroamérica, una región de paz y prosperidad.