Al asumir que el asesinato del periodista Blas Olivo tiene todas las características de un crimen de Estado, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Olivo de León, se embarca en una tesis escabrosa.

El crimen tal vez no sea resultado de la delincuencia común, que es la conclusión de la Policía al atribuirlo a una red de sicarios con el propósito de despojarlo del vehículo en que se desplazaba.

La muerte a balazos por agentes de la Policía en su celda de la cárcel modelo de Monte Plata del recluso que dirigía la supuesta red, identificado como José Manuel Almonte Rodríguez, crea más dudas sobre el móvil del asesinato de Olivo.

Pero la afirmación de que se trató de un crimen de Estado no es lo que parece.

¿Cuáles serían las razones del poder para eliminar a un periodista cuyo ejercicio profesional se reducía al área de las relaciones públicas? Pero como De León quiere enterar de la supuesta trama al presidente Danilo Medina, este debe escucharlo.