La justicia penal está en crisis. El Código Procesal Penal trajo garantías y debido proceso al derecho penal, aunque se puso en la ley lo que ya estaba en la Constitución.

Digamos que todo iba bien durante el primer año: los actores aprendían sobre la marcha y aplicaban la nueva normativa. Luego llegaron las críticas, los cuestionamientos, y la solicitud de las fuerzas vivas de la nación de modificar la norma procesal penal, pues todo lo negativo que sucede en el país es producto de ella.

Tan fuerte es la presión que el CPP ya casi no se aplica. Al punto que la contrarreforma no es necesaria: en la práctica penal estamos en el Código de Instrucción Criminal Napoleónico. No me cabe la menor duda.

Hoy todo es prensa y estadísticas. Se quieren ganar los casos en los medios de comunicación y las decisiones son normalmente favorables al ministerio público, aun con pobres investigaciones y escasas pruebas, debido al temor de los jueces al momento de aplicar la ley.

Explico lo del temor de los jueces. De un lado están los jueces formados como garantistas. Del otro la sociedad que es afectada por un aumento inusitado del índice de criminalidad.

El cual, en vez de establecerse como el resultado lógico de la pérdida de valores y referencias morales, del enriquecimiento fácil, de la corrupción, de la falta de oportunidad, de la no inversión en educación, de la aparente comunidad entre sectores políticos y militares con el crimen (entre otros factores), se le pega todo esto a una simple ley, como productora y promotora de la violencia y de la droga.

Es más fácil para la clase gobernante decir que todo es producto del Código Procesal Penal y así no asumir responsabilidades.

Entonces aquí entra la prensa, poniendo en el paredón a cualquier juez que actúe conforme al CPP, atacándolo de forma despiadada, sin fundamento, pero de forma efectiva, al punto que éstos (los jueces) empiezan a aplicar de forma equivocada el Código para dar prisiones y condenar aun sin pruebas.

Entre jueces se dice que nadie ha sido investigado o cancelado por condenar, pero si por soltar.

Los fiscales de su lado acaban con estos en la prensa, y los jueces sin poder defenderse siguen ayudándolos en los procesos, casi se los hacen.

Pobres jueces, como la arepa, reciben candela desde dentro y desde fuera, por arriba y por abajo, nadie los protege. Sufren callados.

Por esta razón en medidas de coerción la prisión es la regla, en instrucción sólo hay aperturas a juicio y en fondo condenas y duras, mientras más años mejor. Y la Corte de su lado todo lo confirma.

Por eso la justicia penal está en crisis y los jueces sienten temor. Siendo conservador quizás el 95% de los jueces actúa de esta forma, el 5% restante son los que aún creen en las garantías, en la normativa, en la Constitución, en lo que le enseñaron en la Escuela Nacional de la Judicatura, y fallan en base a la norma y a su buen juicio, sin importar lo que digan y pase lo que pase.

Hoy le ha tocado el turno a Rossana Vásquez Febrillet, Juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Esta juez da un trato inmejorable a los usuarios (imputados y víctimas) y a los demás actores del proceso (abogados y fiscales), y su conocimiento de la norma es excelente.

Nadie duda de su probidad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aún en los pasillos que a veces parecen un mercado y donde se escucha de todo y de casi todos: de ella solo integridad y buen trato. Pero dio un fallo responsable sin pensar en el qué dirán, en la prensa, en que es un caso caliente. Debe ser terrible lo que junto a los suyos está pasando. Sin embargo, y para que la justicia no siga debilitándose, ojala que no cambie y siga siendo garantista, progresista, liberal.