Luis Pérez Casanova
l.casanov@elnacional.com.do
Con el voto en el exterior, cuyo impacto en las elecciones está fuera de discusión al representar alrededor del 8% del total de empadronados para los comicios del 5 de julio, se ha querido crear otra crisis como el coronavirus. Con los obstáculos legales que se han enarbolado sobre el proceso, partiendo de las restricciones impuestas en estados norteamericanos y países como España, la intención de evitar que los dominicanos en el extranjero ejerzan el derecho a elegir no puede ser más obvio. La indefinición de la Junta Central Electoral (JCE) para emitir la proclama han alimentado la incertidumbre, así como las opiniones que en un abrir y cerrar de ojos devinieron en campaña para que los comicios volvieran a aplazarse.
Como si la JCE desconociera sus atribuciones o fuera un mero títere de sectores de poder, se le ha regateado la facultad hasta para acordar con los partidos políticos un medio de sufragio en caso de que no pueda ejercerse en forma presencial. Por suerte, el panorama ha comenzado a despejarse con la afirmación del presidente del tribunal, Julio César Castaños Guzmán, de que diligencia el voto en el exterior, y la autorización del gobernador de Nueva York para que los dominicanos en la urbe sufraguen en forma presencial, tomándose las previsiones sanitarias de lugar. De los 595 mil 879 con derecho a voto en el extranjero, Estados Unidos y España son los que registran la mayor cantidad con 447,554, y 85,445, respectivamente.
En otros estados norteamericanos y en otros países también se ha condicionado el sufragio presencial. Pero lo cierto es que en el exterior se pueden utilizar otros mecanismos. En casos extremos como los que se viven en todas partes por la pandemia del coronavirus la JCE y los partidos políticos pueden optar, en lugar de colegios, por instrumentos como el correo, que por demás se usa en muchos países. ¿Acaso no es presencial que un ciudadano deposite la boleta en una estafeta, cumpliendo todos los requisitos que establecen las leyes? Lo que pasa es que la capacidad de marrulla ha sido tan escandalosa que nadie confía en nadie. A diferencia de muchísimos sitios donde las votaciones las organiza algún ministerio, aquí tiene que contarse con un tribunal con estructura propia para montar y arbitrar los procesos.
Para el 5 de julio se tendrá en todas partes una significativa normalización de todas las actividades, con un coronavirus prácticamente controlado. Pero en caso de que persistan las restricciones impuestas por el confinamiento y el estado de emergencia el correo es una opción para que el dominicano en el exterior, que además cuenta con 7 diputados, pueda ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente. La crisis que se ha querido crear para interrumpir las elecciones resulta, a todas luces, otro intento fallido.

