Crónica anunciada

Los antecedentes que rodean la evaluación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la sentencia en torno a la nacionalidad evidenciaban con toda claridad que favorecería a las decenas de miles de dominicanos que por su ascendencia el fallo convierte en apátridas. Lo demasiado hasta Dios lo ve. La comisión oficial que en principio viajó a Washington para entrevistarse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representantes de la CIDH, así como con legisladores estadounidenses, se llevó un tremendo fiasco con la atmósfera hostil que encontró, además de no persuadir a nadie, con todo y las tergiversaciones que se hablaron al respecto. Desde ese momento se preveía que el Gobierno no las tenía todas consigo, pero en un gesto de cortesía, que resalta las buenas intenciones del presidente Danilo Medina, se formalizó la invitación a la CIDH para que evaluara sobre el terreno el impacto de la sentencia. El resto fuera historia de no ser por el detalle de que el mismo día que la misión arribó al país el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunciaba que se prepara una ley especial de naturalización dirigida a quienes nacieron y demuestren su arraigo en República Dominicana. El proyecto, que encaja con la salida humanitaria con que desde un principio se identificó Medina, actualizaría la legislación dominicana en materia migratoria y de nacionalidad. Ahora sí el resto es historia. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) descalificó a la comisión bajo el alegato de que estaba prejuiciada y su homólogo del Tribunal Constitucional rehusó una entrevista porque desde su punto de vista todo estaba dicho. Si ha de hablarse de alguna novedad es que en sus conclusiones la CIDH asume, como han planteado figuras tildadas de traidoras, que el fallo es “discriminatorio y viola los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana”. Por lo demás una crónica anunciada.

Luis Pérez Casanova
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