¿Hacia dónde nos llevan?
En diferentes ocasiones hemos externado la profunda preocupación que nos embarga por las insensateces, motorizadas por absurdos e ignorancia increíbles que en los últimos 20 o 25 años, en que fue aumentando la influencia política del PRD y otros sectores de nuestra sociedad, se fueron realizando modificaciones serias al andamiaje jurídico, si cabe la expresión, que ha sido factor de extraordinaria importancia en la sustentación del Estado que, como República Dominicana, apareció en el escenario histórico de América el 27 de febrero de 1844.

Los Códigos que han regulado en el orden jurídico la vida del pueblo fueron la expresión más hermosa, en el orden de los derechos del hombre, así lo señalamos en términos de género, porque se puede decir de todos los seres humanos, de aquel acontecimiento que cambió el rumbo de la humanidad, que se inició en Europa, en Francia, en 1789, y que se conoce con el nombre de Revolución Francesa. Los Códigos Civil, Penal, de Procedimiento Criminal, de Comercio, fueron puestos en vigencia en la isla de Santo Domingo, en toda su extensión, a partir de 1801, cuando Toussaint Louverture ejecutó el Tratado de Basilea, en justa decisión política y ocupó la parte oriental de la isla, bajo la consigna, aplicada con maliciosa intención, de que Francia era una e indivisible y que en consecuencia la antigua Colonia Española que le había sido cedida a Francia en 1795 era parte de Francia también.

La vigencia de los Códigos se extendió hasta 1808, cuando después de la Batalla de Palo Hincado, volvimos a ser Colonia Española; y esa vigencia duró apenas trece años hasta que Juan Pedro Boyer, en febrero de 1822, unificó de nuevo la isla bajo una sola autoridad. Desde entonces hasta 1861, cuando la traición de Pedro Santana entregó nuestro pueblo a la caduca y esclavista monarquía española, que incorporó la parte oriental de la isla como Provincia de Ultramar, no pudiendo establecer la esclavitud de nuevo porque Santana y el grupo que le acompañó en esa odiosa aventura, pusieron como condición que la esclavitud no podía ser restablecida en nuestro territorio. A penas dos años después, a partir del 16 de agosto de 1863, el patriotismo y la dignidad de nuestro pueblo, motorizó ese episodio inmortal conocido con el nombre de La Restauración. Volvieron a ser puestos en vigencia los códigos franceses, que años después, durante el segundo mandato de Ulises Heureaux, fueron traducidos al español y declarados con absoluta legitimidad los códigos oficiales de la República.

Desde 1801 hasta el 2008 han trascurrido más de 200 años que con las dos excepciones que hemos señalado, esos Códigos han sido los rectores en el orden jurídico de la vida del país. Todos sufrieron importantes revisiones y modificaciones, ajustándolos a nuestra idiosincrasia y al lento y dilatado ordenamiento democrático que hemos desarrollado, hasta llegar con extraordinarios sacrificios al ejercicio de los derechos civiles y políticos a que tiene derecho todo conglomerado humano con matices y perfiles definidos como los tiene hasta hoy nuestro pueblo. Tuvimos hasta hace poco tiempo un Código de Trabajo redactado por eminentes juristas, de verdad, dominicanos, que tomaron como referencia los Códigos de países más avanzados que nuestra sociedad en el orden económico y social.

En esos absurdos e insensateces ese Código de Trabajo fue derogado, en vez de ser revisado y modificado con prudencia y en su lugar rige ahora las relaciones de patronos, obreros y trabajadores un mamotreto con numerosas faltas de sintaxis. A ellas vino a sumarse recientemente un nuevo Código Procesal Penal que dos o tres abogados de los que hemos ejercido con toga en la mano en todos los tribunales del país, nos atrevimos a denunciar y calificar como un solemne disparate, martillando esa responsable acusación durante meses y meses cada vez que se nos ha presentado la oportunidad. Ahora, ¡al fin!, aparece un equipo de jóvenes abogados que se han organizado como Academia Dominicana del Derecho y señalan con admirable responsabilidad y conocimientos, que hay una idea de globalizar el derecho en el mundo entero para beneficio de las grandes potencias económicas en detrimento de los países más pobres o débiles que pertenecen, no al tercer mundo, sino al sexto o séptimo mundo.

Amadeo Julián, que fue juez de la Suprema Corte de Justicia, a quien el autor de esta columna admira, ha externado este criterio que lo resume todo: los pueblos no avanzan con nuevas leyes, sino con tribunales, con jueces y abogados que sepan lo que tienen en sus manos. Agregando de parte nuestra que los pueblos no pueden servir de lacayos y modernos esclavos a las naciones más poderosas que nos quieren llevar a ser conglomerados dependientes de su poderío.