Una de las patrañas más extendidas al respecto de las libertades y derechos que, supuestamente, disfrutan las democracias occidentales, es la de contar con instituciones sólidas e independientes, eficientes también, y que en virtud a semejantes atributos se erigen en garantía de los derechos humanos por los que dicen velar. Entre ellas, la justicia y los medios de comunicación.

Algunas, la Banca y la Iglesia, por ejemplo, no están pasando, en relación a su imagen, por muy buenos momentos.

Desde el llamado tercermundo se han mirado con justificada sorna las interminables y truculentas historias de pederastas con divina licencia y la bancarrota de las altas finanzas que han puesto su prestigio en evidencia.

Europa y Estados Unidos, tan acostumbrados como andan a estar dando lecciones magistrales de moral por el mundo, de improviso coinciden en mostrarnos sus vergüenzas, tan impunes como añejas, en el más patético bochorno.

Pero tanto la justicia como los grandes medios, no obstante los expedientes que acumulan en palpable demostración de su corrompido desempeño, son para muchos ilusos la reserva espiritual de su credo. No en vano los grandes medios de comunicación siguen haciendo su trabajo de fomentar el cretinismo público hasta hacer posible en el futuro al idiota perfecto, ese común mortal que no sólo opina lo mismo que los medios repiten sino que lo opina de la misma forma.

Y hay un caso en estos días, uno más entre tantos, que refleja ambos engaños y pone de manifiesto la catadura de la justicia y el periodismo. En Inglaterra todavía reclaman que se aclaren las circunstancias en que murió David Kelly, aquel inspector de armas de Naciones Unidas que denunciara la falsedad de los informes sobre armas de destrucción masiva en Iraq, y en los que el gobierno de Blair se basó para sumarse al genocidio. En julio del 2003 David Kelly apareció muerto en un paraje cercano a su casa. La llamada comisión Hutton, designada por el propio gobierno, reemplazó a la justicia y, en apresurado veredicto, determinó el suicidio del inspector. La versión provocó incontables sonrojos, pero no hubo problemas. Por razón de Estado, todas las pruebas sobre la muerte de David Kelly se mantendrán bajo secreto durante setenta años (70) y sólo entonces podrán ser conocidas, caso de que así se considere.

El caso guarda relación, en su impune y futura proyección, con el del presidente estadounidense Kennedy.

Para que el pueblo estadounidense sepa qué hubo detrás de aquel golpe de Estado a manos, como siempre, de un hombre perturbado que actuaba solo y al servicio de nadie, y en base a unos informes que en Macondo serían delirantes, habrán tenido que pasar 66 años. Y eso que ni siquiera entonces, en el 2029, se desclasificarán los documentos al respecto si no lo recomienda la razón de Estado.

Tan surrealista sentencia que, por menores de edad, condena a la ignorancia a ingleses y estadounidenses a quienes se niega hasta su propia historia, tampoco ha puesto en entredicho la majestad de la justicia o la credibilidad de esos grandes medios.

Y es que cada vez está más cerca el idiota perfecto.