Susi Pola

susipola@gmail.com

La violencia machista, ejercida por algunos hombres contra las mujeres, en una direccionalidad fundamentada en el género, es una calamidad nacional con grandes visos de epidemia, porque mata más que muchas enfermedades.

Una manifestación de esta violencia nos toca como país con más frecuencia de la que quisiéramos y es la que refiere la ampliación de las agresiones al entorno de la mujer víctima, muchas veces antecedidas por la amenaza “te voy a dar por donde más te duela”.

Sea porque se trata de personas que se encuentran en la “línea de fuego” de la víctima o porque la violencia principal es dirigida a ellas -muchas veces menores- para castigarla, el escenario es siempre el mismo: violencia machista dirigida a la mujer que culturalmente “obliga” al agresor a “poner orden” en una situación de conflicto, bajo violencias legitimadas socialmente, sean las que sean. Una lógica que abarca varios escenarios, incluyendo el del propio suicidio del agresor feminicida que, en la ideología ancestral de la dominación, por la pérdida de control, precipita el feminicido y suicidio posterior.

La semana pasada, Julio Arias (Raúl), de 33 años, envenenó a sus hijas Raidienis y Yaidienis, de ocho y nueve años, suicidándose después de la misma manera, se cree que debido a que, Dilania Ortega, su expareja y madre, de las menores, se negaba a volver con él.

Esta situación recurrente ya, nos lleva a reflexionar sobre si es prudente, que un masculino violento que tiene hijos o hijas menores con su víctima mantenga la patria potestad respecto a ellos/as cuando la situación es registrada en el sistema jurídico legal. No nos referimos a la simple guarda, que tiene un contenido más inmediato de cuidado y atención de los/as menores, atribuido al progenitor o a la progenitora, en un régimen conjunto aunque estén separados.

Las referencias indican que los masculinos violentos, categoría de género que mantienen una percepción rígida y estructurada de la realidad, en la que el convencimiento de ser dueño y encargado del dominio de todo, tiene niveles ideológicos capaces de afectar límites y circunstancias. Por lo tanto, en nombre de la dominación obligada respecto de la mujer pareja, justifica las violencias ampliadas, aunque impliquen la muerte de sus propios hijos o hijas.

En estos momentos de actividad legislativa para adecuar leyes civiles y penales, hay que tener en cuenta los rasgos de dominación arraigada en algunos sujetos, contenidos en la construcción de la masculinidad como un imperativo ideológico en los que ejercen la violencia contra las mujeres, capaz de desbordar a la relación con una víctima para castigarla.