La Cámara de Diputados aprobó ayer de urgencia, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que autoriza usar fondos de pensiones para la construcción de viviendas, lo que significa que parte del ahorro de trabajadores y empleados iría a una canasta de inversión riesgosa, administrada por el poder político con un marco jurídico y de fiscalidad aún impreciso.

Aunque el proyecto retorna al Senado de la República, en razón de que sufrió modificaciones en la Cámara Baja, no hay dudas de que será convertido en ley por la mayoría oficialista y porque cuenta con respaldo, cuestionable, de la banca múltiple y del sector financiero mutualista.

Autores y padrinos de tal iniciativa deberían estar conscientes del compromiso que asumen al disponer con carta abierta de un patrimonio que significa garantía de retiro digno de centenares de miles de ciudadanos que por muchos años han entregado su vida laboral a la creación de riqueza social y de plusvalía a sus empleadores.

Razones sobran para temer que la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso no resulte del todo segura para que órganos públicos y privados dispongan de recursos del Fondo de Pensiones sin riesgos de pérdidas o degradación de capitales, aun cuando se afirma que los proyectos de viviendas que se levantarían con esos dineros estarían dirigidos a trabajadores y empleados.

En República Dominicana no hay antecedentes jurídicos sobre manejo por parte de instancias oficiales de fondos de pensiones, aunque sobran los antecedentes sobre quiebras de bancos creados para administrar recursos de la seguridad social o ahorro de servidores público y privado.

Se conocen casos catastróficos o traumáticos de quiebras de sistemas de pensiones, cuyos fondos fueron mal administrados o invertidos, razón por la cual las legislaciones de garantía y protección de esos dineros son cada vez más rígidas y confieren a los ahorrantes mayor control sobre sus depósitos.

La modificación hecha al proyecto de ley por la Cámara de Diputados consiste en designar al Ministerio de Obras Públicas como administrador de un sistema de Ventanilla única que operaría todo lo relacionado con la inversión de esos fondos, pero los Ayuntamientos reclaman tener control sobre el destino de un patrimonio que debería tener la condición de inalienable e inajenable.

Sobre el Gobierno, Congreso, sector financiero y clase política recaerá el fardo de responsabilidad histórica si por ambiciones desmedidas o aventurerismo político se pierde siquiera un centavo de los más de cien mil millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones, que representan toda una vida de sacrificio de trabajadores y empleados y la garantía de un retiro decente.