La petición social generalizada de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la Educación ha logrado insertarse en los sectores de la comunidad debido a una serie de factores que necesitan ser analizados.

El país cívico, sus sectores conscientes se aprestan en este fin de semana a vestir la nación de amarillo, en una manifestación que se espera sea modélica y ejemplarizadora, como una forma de levantar una voz comunitaria única frente a un reclamo que no puede esperar más.

Y las personas y organizaciones se han limitado a respaldar en oleadas el reclamo.

Pero me parece interesante exponer aquí los 10 factores que han determinado el que la petición haya permeado el cuerpo social:

1- La justicia que radica en el reclamo. Nada más simple que apoyar económicamente el renglón fundamental para el desarrollo de un pueblo.

2- La justificación legal que tiene. Sus reclamantes están pidiendo que se cumpla una Ley que lo establece.

3- La certeza del símbolo-fuerza: una sombrilla.

4- La aceptación del color asignado a la demanda: el amarillo.

5- La metodología de la estrategia: pacífica, firme, manifestada en los lugares adecuados, los símbolos del poder.

6- El fundamento estratégico, con toda seguridad escrito en un documento que delineó las acciones a seguir.

7- El análisis comparativo de la política de gastos públicos que arroja un balance que cualquiera con dos dedos de frente, echa de ver que se impone un criterio de priorización a la educación.

8- La debilidad de los argumentos de quienes sostienen que no es posible o no es factible ahora cumplir con lo que dice la Ley, incluyendo la declaración de mi amigo Leonel Fernández, quien dijo que era un falso debate.

9- La imagen de víctima que le produjo a la campana la agresión policial frente al Palacio Nacional y que produjo escenas lastimeras de oficiales policiales queriendo arrancar sombrillas amarillas a quienes, con todo su derecho y en pacífica actitud, se manifestaban.

10- La inexistencia de una respuesta oficial racional, contundente y socialmente justificada para mantener la violación de la Ley que está siendo incumplida.