Julio Cury sugirió la creación de un órgano que fiscalice el desempeño del Tribunal Superior Electoral, por entender que sus miembros no están sujetos a ningún régimen disciplinario que determine si están cumpliendo eficiente con sus deberes.
Explicó que mientras los jueces del orden judicial se encuentran sometidos a una cerrada vigilancia por parte del Consejo del Poder Judicial, los del TSE pueden darse el lujo, de dejar de asistir al tribunal, interpretar la ley al margen de toda lógica y razonabilidad, y hasta de no motivar debidamente sus decisiones, que es lo que garantiza la imparcialidad de todo fallo.
Sostuvo que el Consejo del Poder Judicial, al cual la Ley 28-11 le transfirió las funciones disciplinarias que es la Ley 327-98 le reconocía a la Suprema Corte, verificar permanentemente si los jueces cumplen correctamente con sus deberes.

