El doctor Leonel Fernández es un hombre ambicioso, en el sentido más amplio de la palabra. Se le atribuye haber conducido uno de los gobiernos más corruptos del continente y del mundo, conforme a organismos internacionales que hacen mediciones de las más diversas variables.
Fernández se adueñó de todos los poderes públicos, colocando cuadros del oficialismo y de su extrema confianza en posiciones estratégicas de las denominadas altas cortes, como forma de blindar su impunidad y garantizar su futuro retorno al poder político. Además, tiene un carácter arrogante, es infalible, nunca ha admitido la comisión de un error.
El presidente del PLD ha gobernado el país en tres oportunidades, en forma de pirámide invertida –es decir, de más a menos–, donde cada gobierno resulta inferior al anterior, lo que hace colegir que un eventual regreso al poder podría resultar funesto para el interés nacional, considerando que es un hombre que suele calificar de enemigos a todos aquellos que en un momento determinado han disentido de su persona.
A raíz de su salida del poder político, el 16 de agosto de 2012, ha descubierto nuevos “enemigos” tanto dentro como fuera del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que muchos, incluyendo al propio presidente Medina, no descartan que esos rencores deriven en persecución política. (Esa podría ser una razón para que el presidente Medina pondere una posible reforma constitucional, que abra nuevamente la brecha de la reelección).
De todos modos, un nuevo gobierno de Leonel Fernández sería una incógnita. Cualquier evaluación anticipada, sobre posible persecución en contra de sus adversarios internos y externos (incluyendo violaciones a los derechos humanos), cae en el campo de la especulación.
De Miguel Vargas si no hay ninguna duda de su perfil tenebroso, de dictador. Sólo hay que partir de sus actuaciones en el PRD, donde expulsa a todos sus adversarios internos (incluyendo al único ex presidente vivo de esa organización política) y dispone a su antojo de los recursos económicos que entrega por ley la Junta Central Electoral.
Danilo Cruz Pichardo
d_cruzpi@hotmail.com
El Nacional
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