Para la puesta en vigencia del mal llamado Plan Colombia, el entonces presidente Andrés Pastrana prestó su nombre y firma, pero el diseño se hizo en Washington, en el marco de la política imperialista. Lo mismo ocurre hoy, cuando el gobierno de Álvaro Uribe convierte en centros de operación del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, 7 bases militares de Colombia.

No es una decisión soberana, es la acción de una camarilla de entreguistas que, por razones politiqueras y en defensa de los privilegios de que disfruta, da un paso superior al de Pastrana en materia de servilismo, al cercenar la soberanía de Colombia convirtiendo su territorio en centro de amenaza, de espionaje y de agresión permanente hacia Suramérica y el resto del continente.

La Administración Clinton dejó a la ultraderecha el Plan Colombia como plataforma y asignó misiones específicas a políticos, empresarios y militares. Entre los políticos, hay que citar al presidente Uribe Vélez, al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y al actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Luis Alberto Moreno. Entre los militares hay oficiales de alto rango como Mario Montoya, hoy embajador en República Dominicana y cuyo nombre es vinculado al paramilitarismo.

Como se consigna en los documentos Santa Fe I y Santa Fe III, que contienen el diseño de la política hacia América Latina para diferentes momentos, se trata de que los recursos naturales de la región estén a disposición de Estados Unidos para sus intereses de seguridad nacional.

En esta etapa, el aumento de la presencia militar yanqui en Colombia y la diseminación por todo el territorio de ese país de fuerzas aerotransportadas y de sofisticado equipo de guerra y de espionaje, constituye el más efectivo recurso de control y sometimiento.

La proclama de Alan García de que es decisión soberana de Colombia asentar en 7 bases militares cientos de espías y guardias yanquis, es servil. La decisión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y del presidente de Brasil, Lula Da Silva, de pedir garantía de que los militares y los espías no pasarán a otros territorios, revela una postura vacilante.

Sólo en negociaciones entre iguales las garantías son auténticas. En el esquema imperialista, el poder hegemónico calma los ánimos con palabrería hueca, pero es agresor por definición. El mal llamado acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, hay que verlo como una contribución concreta al poder estadounidense, que pretende disponer a su antojo de los recursos naturales de este continente y trata de impedir el avance de los procesos revolucionarios. No hay, pues, decisión soberana, sino tributo de lacayos.