La mayoría de las declaraciones juradas de bienes son una farsa; quien dice tener uno, tiene tres o cinco; el que no tiene nada, dice que tiene mucho. Hace el cálculo en función de lo que tiene programado robarse.

Las declaraciones juradas sirven, sin embargo, para ver el nivel de corrupción y de complicidad que existe en nuestro país. La corrupción es generalizada. El diez por ciento de comisión era visto como normal, incluso legal; ahora no es el diez, es el 20, el 30 y hasta el 50. Algunos ya no piden comisión, exigen participación en los negocios con el Estado.

La mayoría de los que han hecho declaraciones juradas en los últimos 50 años, mienten. Todos lo sabemos.

La nueva Constitución, la que engendró Leonel Fernández, condena toda forma de corrupción. Invierte el fardo de la prueba obligando al funcionario a demostrar la procedencia y legitimidad de sus bienes. Sin embargo, ese artículo 146, numeral 3, es letra muerta.

La condición política del Procurador, le impide actuar acorde con la Constitución y las leyes. ¿Se imaginan al Procurador investigando seriamente a una buena parte de los miembros del Comité Político de su partido? Este gobierno es resultado de la corrupción que permitió que Leonel creara un déficit de 200 mil millones de pesos para ganar las elecciones pasadas.

Es por esa razón, no por otra, que Medina decretó un borrón y cuenta nueva cuando pidió no mirar hacia atrás. Ahí dejó implícita su postura frente al tema de la corrupción. El cambio seguro (para los ladrones) es un hecho.

Pero lo peor, lo verdaderamente jodido, es que no haya oposición política decente. (Fíjense como los partidos, la sociedad civil, y hasta periodistas, han dejado a Guillermo Moreno solo en su querella contra Leonel Fernández para que la jauría pagada lo destroce mediáticamente impidiendo que la justicia actúe).

Las declaraciones de bienes publicadas por el Ministerio Público constituyen, en su mayoría, una vergüenza, una muestra de la podredumbre moral de la clase política. (Nos tomaron el pelo otra vez).