La defensa del economista Luis Alvarez Renta declaró ayer que el director general de Prisiones no tiene autoridad ni conocimientos médicos para hablar de la situación de salud de su cliente, tras negar que esté intentando irse por seis meses para su casa con una licencia médica.

Erick Raful, abogado de Alvarez Renta, respondió de esa forma al director general de Prisiones, Roberto Ovando Prestol, quien calificó como una burla al sistema de justicia y a la sociedad, la solicitud de permiso para operarse hecha por Alvarez Renta.

Alvarez Renta no ha solicitado irse seis meses a su casa. son los más prestigiosos médicos de este país, del extranjero, así como los de la misma Dirección General de Prisiones, que han emitido once informes diferentes señalando la necesidad de la cirugía y de seis meses de tratamiento postquirúrgico que requiere Alvarez Renta para recuperar su salud, manifestó Raful.

Entregó a El Nacional copias de dos informes de los médicos de la cárcel de Najayo, en donde Alvarez Renta cumple una pena de 10 años de prisión por el caso Baninter.

Comparar la enfermedad de Alvarez Renta con el sida o la tuberculosis es un burdo intento de confundir. Ni el sida ni la tuberculosis requieren de una cirugía, sino de tratamiento ambulatorio, por lo que se ve que el director está muy mal informado y que no ha leído los informes de sus propios médicos, señaló Raful.

Sostuvo que, no hay que ser un científico para entender que la cárcel de Najayo no es el lugar adecuado para un período postoperatorio y para recibir fisioterapia especializada.

Las condiciones de salud en esa cárcel son deplorables, no cumple con los más mínimos requisitos exigidos por las reglas internacionales de tratamiento a los reclusos, de mejorar esas condiciones en favor de todos los reclusos es que se debiera estar ocupando el director de Prisiones, quien por lo demás, es una persona que ha mantenido buenas relaciones con nuestro representado y a quien se le ha guardado el más absoluto respeto, declaró Raful.

Recordó que tanto en octubre del 2009 como el 21 de octubre del año en curso, Alvarez Renta solicitó formalmente tanto a la Dirección de Prisiones como al Juez de la Pena, que una comisión de médicos, escogida por el mismo Gobierno, le hiciera un examen médico para que determinara sus estado de salud, y se actuara entonces en base a los resultados para que recibiera los tratamientos.

En ambos casos, los jueces ordenaron la medida, y la Dirección de Prisiones olímpicamente decidió desacatar la orden judicial, en una flagrante violación a la justicia: No hizo absolutamente nada, subrayó Raful.