La defensa de los imputados en el caso del senador Félix Bautista acusó hoy al procurador general de la República de pretender patrocinar un juicio de fondo en base a acusaciones falsas y sin fundamentos. Durante la cotinuación del juicio preliminar que se reanudó esta mañana, Juan Antonio Delgado dijo que el procurador Francisco Domínguez Brito patrocina un juicio de fondo con unas conclusiones de 412 páginas, de las cuales, según él, 170 corresponden a la acusación y las restantes sobreabundan.
“Todo es un bulto y apariencia lo que se pretende hacer con esto”, le observó Delgado al juez Alejandro Moscoso Segarra.
Mientras, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, calificó como un “grave desconocimiento de leyes vigentes en materia de corrupción”, la afirmación de los abogados del senador Bautista, de que se utilizaron artículos derogados del Código Penal para tipificar la acusación.
Guerrero Pelletier declaró que con dichos alegatos, los abogados del imputado incurren en el desacierto inexplicable de presentar como derogados los artículos 169, 170, 171 y 172 del Código Penal, constitutivos del crimen de desfalco, al afirmar que los artículos del 169 al 172 del referido texto legal fueron modificados por la Ley 712 del 27 de junio del 1927.
“Tal afirmación hecha por el abogado del imputado Bautista, de que los citados artículos habían sido modificados y por lo tanto la acusación contenía una inexactitud que desvirtuaba el tipo de desfalco, se cae de cuajo y desmorona todo el análisis sobre ese tipo de hecho por dicha defensa, pues contrario a ésta, el Ministerio Público puede sustentar de manera categórica que los artículos 169 al 172 del Código Penal están vigentes”, aseveró Guerrero Pelletier.
En esa base, la representante del Ministerio Público afirmó que toda consideración en contrario, “es un magno error que desdice todo lo expuesto por dicha defensa en lo relativo al desfalco, pues lo dispuesto por la Ley 712 del 27 de junio del 1927, fue derogado por la ley 3379, de 1952.
