El Ministerio de Salud Pública ha salido en defensa de la probidad de su directora de compras, Maritza Altagracia Suriel, sometida ante el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) por la supuesta adquisición grado a grado de unos colchones por valor superior a los 24 millones de pesos.
Y ha prometido que en su momento ofrecerá todos los detalles sobre la supuesta violación a la Ley 340-06, de Compras, Contrataciones y Concesiones Públicas, en que habría incurrido la funcionaria.
Es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública, porque lo que ha cuestionado la empresa Depomax SRL es el procedimiento, no la probidad ni las cualidades personales de la funcionaria. Desviarse por otro camino puede dar lugar a que se piense que Salud Pública le ha saca el cuerpo a la denuncia, con lo que no contribuiría a despejar dudas sobre la transparencia de la operación. Y deja mal parada a una funcionaria que califica de honesta.
El Nacional
Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación
