El Pacto de Nación por la Crisis de Haití, endosado el jueves por el presidente Luis Abinader y representantes de partidos, academias, gremios empresariales y sociedad civil, coincide con la prevalencia de un diferendo con el vecino país por la construcción en el lado haitiano de un canal de riego sobre el río Masacre.

Ese acuerdo, rubricado durante una ceremonia en el Palacio Nacional sin la presencia de partidos mayoritarios de oposición, contiene compromisos proyectados a cumplirse a mediano y largo plazo, como también transcurriría mucho tiempo antes de que pueda mitigarse el drama haitiano.

Esa histórica concertación tiene como telón de fondo el cierre total de la frontera terrestre, la suspensión del comercio con Haití, suspensión de visados a ciudadanos haitianos y el reforzamiento militar de la zona fronteriza, además de la ausencia de diálogo como vía de resolución del conflicto.

El Gobierno se ha comprometido a organizar de manera integral la inmigración haitiana así como la contratación de esa mano de obra, tarea difícil que requiere el diseño de leyes y normativas que endosen un efectivo régimen de consecuencia en los ámbitos penales, laborales, administrativos y civiles.

No sería fácil cumplir la promesa de cesar a la brevedad posible la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley, a menos que se apruebe una legislación que garantice aplicación y preservación de los derechos migratorios, laborales y sociales de los trabajadores extranjeros.

En virtud de ese Pacto de Nación, el Gobierno, organismos autónomos, descentralizados y municipios estarán obligados a suprimir la contratación de trabajadores indocumentados, lo que supone también un compromiso del sector privado.

Tiene sentido asignar al Consejo Nacional de Migración la facultad de otorgar permisos de ingreso a inmigrantes para laborar en los diversos sectores productivos, según cuotas requeridas anualmente, lo que ayudaría a suplir la mano de obra de indocumentados, con la incorporación progresiva de trabajadores dominicanos.