En una sociedad que se siente acorralada por la delincuencia y que recibe pocas respuestas de parte de la justicia y las entidades llamadas a perseguir el crimen, es común que la situación degenere al punto en que el ciudadano de a pie tome las cosas en sus manos. Con demasiada frecuencia en nuestro país se defienden e incluso se celebran los linchamientos de presuntos delincuentes o las ejecuciones sumarias realizadas por la policía o por ciudadanos ordinarios.

El triste hecho del lunes pasado donde falleció la Sra. Delcy Yapor, es el resultado de esa mentalidad que justifica y celebra el vigilantismo, y tanto nuestra sociedad por promoverlo, como nuestras autoridades por su inacción, son responsables de esa muerte tanto como quien hizo el disparo.

Dado a que las autoridades no parecen en capacidad de enfrentar de forma decisiva e inteligente el problema de la delincuencia, queda en cada uno de nosotros como individuos reflexionar sobre la forma correcta de reaccionar ante hechos delictivos. La excepción por defensa propia o de terceros definida en los artículos 328 y 329 del Código Penal vigente (y como va a estar en el Código Penal que se está conociendo) no es tan amplia como muchos imaginan y tampoco funge como una carta blanca moral para actuar frente a la comisión de un crimen.

El porte de armas es una responsabilidad y debe ser tratado como tal. El uso de un arma, en especial un arma de fuego, tiene consecuencias y todo aquel que tenga una en sus manos debe estar consciente de ello. Disparar contra un persona desarmada, aún en medio de una riña, es muy difícil de justificar como legítima defensa, disparar al aire para dispersar un grupo de personas (aún si es una riña) tampoco constituye un uso legítimo de un arma de fuego. Disparar contra un delincuente que ya ha emprendido la huida y más aún, en un lugar público, es sensiblemente difícil de defender.

Todos estamos hartos de la delincuencia en nuestro país, e imagino que la mayoría de nosotros nos sentimos impotentes al ver como esta sigue ocurriendo con virtual impunidad mientras las autoridades lucen sin respuestas. Pero debemos estar conscientes que esto no se resolverá por actos aislados de vigilantismo o exponiéndonos nosotros mismos y a todos los que nos rodean a situaciones de mayor peligro tratando de tomar acción por nuestra propia cuenta.

La defensa propia es un acto legítimo, pero esta no implica atribuirnos facultades de justicieros o constituirnos en turbas de linchamiento contra presuntos delincuentes.

Y aunque es totalmente comprensible que en momentos como un atraco o una amenaza nos veamos compelidos a reaccionar de una forma emocional, debemos como sociedad empezar a aprender a apelar más al raciocinio.

Nuestro trabajo como individuos afectados por la ola de delincuencia que afecta al país es exigir a las autoridades a que tomen todas las medidas necesarias tanto en recursos como en logística que sean necesarias para reducir de una vez y por todas este mal que nos afecta a todos.