Con el auspicio del gobierno se elaboró y se puso en vigencia una nueva Constitución tan atrasada o más que la anterior, con la agravante de que el primero en violentarla ha sido el propio Poder Ejecutivo, en lo que concierne a las partidas presupuestarias del Ministerio de Educación, del Poder Judicial, del Poder Municipal y de la UASD.

Ahora, en su inútil pretensión de retener el poder político a cualquier costo, realiza una de las campañas electorales más perversas que registre la historia republicana, violentando también la Constitución en el artículo 44, que reconoce el derecho al honor, el buen nombre y la propia imagen.

De forma permanente, mediante una poderosísima red de medios audiovisuales y digitales, se difama y se injuria a los líderes de la oposición política, en flagrante violación a la ley 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento. El Código Penal, en sus artículos del 367 al 375 precisa las sanciones correspondientes.

Difamar e injuriar es violatorio a nuestras leyes, pero el delito es doble cuando se toman recursos millonarios de los contribuyentes para esta sucia campaña. ¿Qué le cuesta al pueblo cada spot televisivo que este funesto gobierno pasa en contra de la oposición? ¿Con el permiso de quién lo hace?

No pretendo ser vocero de la población en este caso, pero me asiste el derecho a exigirle a Leonel Fernández que el dinero que pago por concepto de impuestos no lo use para financiar la campaña de su esposa ni de nadie. Aún más: mi dinero no lo use para enlodar la imagen de ningún ciudadano.

Se habla de que en esa labor hay más de dos mil comunicadores sociales, los cuales aparecen en la nómina pública con jugosos sueldos. Su misión: atacar al PRD y resaltar las supuestas virtudes de este corrupto gobierno.

En una campaña electoral, según los especialistas, el componente comunicación asciende al 70%, pero el gobierno no puede, mediante una campaña perversa, pretender destruir la imagen de sus opositores y mucho menos con los dineros del erario. Se comete un doble delito.