El procurador General de la República, Jean Rodríguez, ha emplazado al dirigente político Luis Abinader a presentar las pruebas de su denuncia de que en los recintos penitenciarios del país existen organizaciones criminales que sacan reclusos para que cometan delitos graves, como asesinatos por encargo, robos y asaltos.

Según la denuncia del precandidato del Partido Revolucionario Moderno, esos reclusos son regresados a las prisiones como si nada hubiese ocurrido, lo que indica que se trataría de una estructura delincuencial que involucra a muchas personas con poder de decisión sobre los reclusos.

Se trata de una denuncia muy grave que no puede quedar ahí sino que el dirigente político está en la obligación de sustentar para que el Ministerio Público haga su parte en el combate a esas acciones, de ser ciertas.

Existe una máxima jurídica según la cual quien alega una falta debe probarla, lo cual quiere decir, en el caso que nos ocupa, que quién ha formulado una denuncia tan grave asume el compromiso moral de presentar todos los elementos de que disponga.

Y no se puede alegar que el deber del procurador general es investigar y comprobar la veracidad o falsedad de la denuncia.

Si el denunciante se ampara en ese razonamiento simple quedaría muy maltrecha su imagen en la opción pública, ya que los sectores que vienen reclamando transparencia a los dirigentes políticos, llegarían a la conclusión de que se ha hecho una denuncia alegre que carece de fuerza probatoria.

Se ha hablado de grupos en cárceles que se dedican a estafar mediante llamadas telefónicas. De esa práctica de poca monta, a la planificación y ejecución de asesinatos a cargo de prisioneros hay un gran trecho.