La atención primaria constituye el primer peldaño en el servicio nacional de salud, así como la garantía de supervivencia y consolidación del régimen de Seguridad Social, aunque su aplicación no debería estar bajo control de las Administradoras de Riesgo de Salud.

Es claro que el Sistema de la Seguridad Social no podría sobrevivir con los elevados costos que genera la contratación de manera directa de servicios médicos, hospitalarios o de laboratorios en centros asistenciales de referimiento públicos o privados.

No se trata de auspiciar o promover privilegios sino de ajustar costos y establecer mediante un sistema de hospitales de primera línea la necesidad que tendría un afiliado para requerir atención especializada.
El médico de atención primaria determinaría si el diagnóstico levantado a causa de un fuerte dolor de cabeza requiere de la consulta de un neurólogo o la simple ingesta de una aspirina, lo que evitaría que el paciente asuma su malestar como un mal catastrófico y acuda ante el médico especialista.

Se define como válida o legítima la preocupación externada por el Colegio Médico y sociedades médicas, de que empresas administradoras de riesgo de salud virtualmente secuestren el propuesto sistema de atención primaria con la finalidad de evitar que los pacientes puedan acudir a clínicas y hospitales de referimiento.

Esos gremios y sociedades plantean que ese régimen se inicie por el primer nivel de atención médica, con lo cual los pacientes contributivos tendrían libre elección de escoger los médicos o clínicas que deseen, con lo cual, el Estado quedaría a cargo de la protección de los pacientes del sistema contributivo.

Lo mejor sería que las autoridades se abocaran al ejercicio dialogante con el Colegio Médico, sociedades médicas y Asociación de Clínicas, a los fines de procurar una solución que no violente derechos adquiridos, pero que garantice el derecho a la salud a todos los ciudadanos

El Sistema de Atención Primaria se aplica en casi todas las naciones desarrolladas, porque es la forma de garantizar viabilidad financiera al Sistema de Seguridad Social, sin que ningún sector pretenda alzarse con el santo y la limosna, sean Administradoras de Riesgos de Salud, clínicas privadas o médicos especialistas.