El derecho al trabajo está establecido constitucionalmente y el Estado es el principal garante para dotar de empleo a los ciudadanos y ciudadanas, pero la tasa de desempleados supera el 20% y es uno de los principales elementos causales de los altos niveles de pobreza social que atraviesa la República Dominicana.

Siento impotencia al observar a los jóvenes dominicanos enviar currículo a instituciones de los sectores público y privado, sin recibir respuesta alguna, porque el empleo se ha convertido en un privilegio, al que sólo tienen acceso aquellos que gozan de influencia política y de otra índole. Resulta todavía más penoso que cientos de miles de dominicanos carezcan de seguridad social, que no dispongan de seguro médico para poder recibir una atención de mediana calidad.

El Estado sigue exhibiendo una actitud irresponsable ante madres solteras recién paridas, pobres y desempleadas. Hay que colocarse en el lugar de esas pobres muchachas para tener una idea de sus penurias, ante la mirada indiferente de quienes ostentan el poder, que tampoco acaban de buscar una respuesta satisfactoria a millones de padres carentes de recursos económicos para dotar de zapatos, uniforme y útiles escolares a sus hijos con motivo del inicio del año escolar.

Constituye una vergüenza que en pleno siglo XXI haya lugares donde el agua apenas llega una o dos veces a la semana. Y peor aún: conozco muchos campos donde ese líquido no llega. Y el Estado continúa con el infeliz pretexto de atribuir a la sequía esa deficiencia, cuando la misma obedece a la falta de presas, acueductos y pozos.

¿Y el enorme déficit en la oferta de energía eléctrica? Nunca se acabará. Y no se acabará porque el conformismo de la población es parte de nuestra cultura. La gente suele aplaudir al retornar la luz después de un apagón de ocho horas, cuando lo que debería producirse es una compensación económica por el daño ocasionado, como se estila en la mayoría de los países donde hay respeto a los derechos ciudadanos.

La falta de energía eléctrica afecta todo el aparato productivo nacional. Y reduce el nivel de vida de los ciudadanos, los cuales pagan un servicio que no reciben. Pero ese y otros problemas no acabarán hasta que la población tome conciencia y reclame sus derechos mediante las vías necesarias.