Que al cabo de 19 años no se haya implementado uno de los pilares del sistema de seguridad social, como la atención primaria, es desconcertante. El Gobierno ha atribuido el retraso a la falta de recursos, una excusa difícil de aceptar en una administración pública plagada de entelequias y de asignaciones presupuestarias privilegiadas, como a manera de ejemplo es el caso de los congresistas.

Concebido como la puerta de entrada al sistema de salud con el objetivo de ampliar y abaratar el servicio médico, el modelo, en la práctica, ha carecido de dolientes. Los representantes sindicales han culpado a las autoridades de dejarse doblar el pulso de las Administradoras de Riesgos de Salud, las clínicas privadas y las sociedades médicas especializadas para postergar la implementación del régimen. Cierto o no, la realidad es que algo al respecto no está claro.

Las bondades del sistema expuestas por el propio Gobierno no son para que todavía no haya ni siquiera indicios de su entrada en vigencia. La falta de consenso entre los diferentes actores puede entenderse en la medida de los intereses que defiende cada sector. Lo censurable es que a estas alturas las autoridades no hayan encontrado una fórmula para aplicar un régimen que además de mejorar, abarata la atención médica a los pacientes.

Al explicar la demora, el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Winston Santos, adujo que el sistema no tiene capacidad económica para soportar la implementación de la propuesta de la atención primaria, ya que la cápita de 150 pesos que requiere por afiliado equivale a más de 600 millones de pesos mensuales y más de dos mil millones de pesos al año.

Los representantes sindicales no comparten la carencia de recursos. Citan que el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) cuenta con 36 mil millones de pesos de los riesgos laborales y unos dos mil millones del régimen contributivo de las estancias infantiles del disuelto Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

De no ser como alegan los sindicalistas, entonces las autoridades están en la obligación de exponer con la mayor claridad y sinceridad los inconvenientes financieros para echar a andar el modelo de atención primaria. Es posible que no sea tal la confabulación que se ha denunciado, pero se percibe que no ha habido voluntad para adecuar el actual sistema de salud. Si se hubiera querido, hace tiempo que el régimen se hubiera implementado.