El país, sobre todo un segmento de la clase media, toma conciencia del poder de sus protestas. La cementera en los Haitises fue un caso aleccionador. Eso tiene en pánico a quienes llegaron a creerse que podían continuar sus atrocidades con eterna impunidad.

A propósito de las críticas a la nefasta reforma constitucional que se ejecuta, el congreso y el poder ejecutivo han tenido una reacción que, aun caracterizada por una embestida contra la sociedad civil, lo que denota es ese miedo que les produce ver la gente aprender. Esa actitud ha significado un ejemplo adicional de cómo los dos partidos más grandes han terminado igualados. Aliados de la sociedad civil desde la oposición y adversarios en el poder. Ahora, están cohesionados en la defensa de sus privilegios.

Legisladores y representantes del gobierno alegan que se desarrolla una campaña de desacrédito de partidos y de diputados y senadores. Provoca risa semejante ocurrencia. Con la conducta de ambos poderes, asombra que preserven algún nivel de credibilidad. Eso lo explica el sistema clientelista que implementan en una sociedad de carencias materiales y morales.

El proceso de reforma se ha desprestigiado a sí mismo. Una vez más, derivó en una claudicación vergonzosa ante grandes intereses nacionales y extranjeros en desmedro del beneficio general.

El primer ejemplo lo constituyó el artículo 30, expresión de temor ante la campaña de la iglesia católica. El más reciente, la limitación al disfrute de los bienes de dominio público, con la agravante de que pretenden hacer creer que han hecho lo contrario. Un patrimonio provisto por la naturaleza no puede tener restricción para ser disfrutado por todos, dentro de parámetros normales. Esos bienes pueden condicionar la propiedad privada, pero lo contrario es improcedente. Las propiedades privadas no pueden limitar el acceso a bienes públicos.

La consagración constitucional de la propiedad colectiva de los bienes de dominio público no tiene que especificar que debe respetar la propiedad privada. Lo válido es lo opuesto, la propiedad privada no puede existir a costa de la pública. Consignar esa aclaración esconde la intención de escamotear en beneficio de particulares, activos que no pueden pertenecerles.

Sería más decente defender esa tesis alegando que al turismo le conviene disponer de playas exclusivas, antes que intentar convencer que se ha actuado defendiendo el interés nacional y además quejarse de un supuesto plan para desacreditar a sus propiciadores. Eso es una burla doble a nuestra racionalidad.