Madrid. EFE. El Tribunal Supremo español (TS) rechazó hoy la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra Luciano Varela, instructor de la causa abierta contra él por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975).

Según informaron fuentes del Alto Tribunal, el magistrado del TS Andrés Martínez Arrieta ha inadmitido la recusación de plano, sin necesidad de tramitación, y su decisión no admite recurso.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones contra Garzón -las organizaciones Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad- y el propio Varela habían pedido que se rechazara esta recusación por estimar que el instructor no tiene interés personal directo o indirecto en la causa.

El juez Baltasar Garzón, que cobró notoriedad en 1998 al ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, pidió el pasado 23 de abril la recusación del magistrado Luciano Varela que instruye la causa en su contra por investigar las desapariciones en la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Garzón considera que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela tiene interés directo en la causa y actúa de forma parcial.

El recurso se basa en la decisión de Varela de reclamar a dos de las acusaciones particulares que subsanaran los defectos que contenían sus denuncias contra el magistrado.

Ambas formaciones son el partido de extrema derecha Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Varela admitió a trámite el pasado 28 de abril la recusación de la defensa de Garzón por lo que se apartó provisionalmente de la causa.

Anteriormente, el 7 de abril, el magistrado del Tribunal Supremo consideró que había base para proceder contra Garzón por un delito de prevaricación porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977 al investigar las desapariciones ocurridas durante el franquismo.

Los hechos por los que el juez está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (hasta 1975), para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.