La tragedia acaecida el viernes 12 cuando se precipitó al mar un minibús que viajaba por la autopista Las Américas. con saldo de once muertos, puso al desnudo el peligro que representan miles de chatarras o vehículos defectuosos que se arrastran por calles y avenidas en labor de transporte de pasajeros.

Esos amasijos de hierro que operan como carros del concho, autobuses públicos o guaguas voladoras, transportan miles de personas en condiciones de alto riesgo, solo protegidas por la gracias de Dios.

El Gobierno no ejerce ninguna labor de fiscalización o control del transporte público urbano e interurbano, operado por una mayoría de carros y guaguas que no cumplen con disposiciones esenciales de la ley 241 sobre condiciones o garantía de operación y seguridad.

A ese cuadro de caos y anarquía en el transporte público se agrega el mayúsculo desorden en el transporte de cargas o la ausencia de controles a vehículos particulares, incluidos los que portan placa oficial.

A pesar de la proliferación de entidades oficiales con duplicidad de funciones relacionadas con fiscalización del tránsito y transporte, aquí no existe fiscalización alguna que garantice que los vehículos públicos o privados rueden con neumáticos, frenos, parabrisas, luces y otros dispositivos, en condiciones adecuadas o de funcionalidad.

Miles de pasajeros están obligados cada día a abordar vehículos públicos, chatarras cuyos neumáticos no resisten una colilla de cigarro encendida, sin luces, con frenos inservibles, operados por conductores temerarios.

Poco o nada representan entidades como la Dirección de Tránsito de Obras Públicas, Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y otras que sólo sirven como recipientes de burocracia.

El caos en el transporte de pasajeros y carga y en el tránsito vehicular a nivel general no es comparable con ningún otro país de la región. Se recomienda, por tanto, a usuarios, conductores y transeúntes, encomendarse a Dios.