Antonio Almonte
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Falso debate

El discurso que propone que el Estado se abstenga de hacer inversiones en nuevas plantas de generación, tiene tan débil asidero como su contrario, aquel que plantea la re-estatización pura y simple de todo el sistema eléctrico nacional.

A través de las empresas distribuidoras el Estado compró energía a los generadores privados y a las hidroeléctricas por un monto aproximado de 2,000 millones de dólares en el 2012.

Es lógico, pues, que frente a tal volumen de compra, el comprador (Gobierno) procure abaratar el precio medio de la energía mediante la instalación de plantas capaces de producir a mas bajo costo.

Además, desde la instalación en el 2003 de la planta de gas natural de AES en Boca Chica, hasta la inauguración este ano de las plantas de ciclo combinado Quisqueya 1 y Quisqueya 2, en San Pedro de Macorís, como parte de un arreglo empresarial entre la Barrick Gold y Egehaina, el sector privado no había hecho otras inversiones de gran escala en nuevas plantas.

Esa escasez tan prolongada de inversión en generación ha provocado que la oferta de electricidad sea inflexible, rígida, en tecnología y costos, acarreando grandes sacrificios financieros al Estado vía el enorme subsidio a las distribuidoras para que estas paguen a los dueños de las plantas la energía que le compran, distribuyen entre la población y no la cobran.

Mientras tanto, la demanda real de electricidad no se detiene, la búsqueda de soluciones individuales, ineficientes y contaminante continua, y la presión social sobre el Gobierno también.

De su lado, los generadores privados prefieren esperar hasta el 2016 cuando vencerán los contratos de largo plazo y el Gobierno se verá obligado a renegociar y recontratar en términos y circunstancias favorables para ellos.

En cualquier caso, dadas los grandes riesgos regulatorios, indefinición de tarifa y quiebra de las distribuidoras, es razonable que los generadores privados adopten estrategias conservadoras y procuren contratos de largo plazo razonablemente blindados.

En las condiciones lamentables de nuestro sistema, la ruptura de ese círculo oneroso para la sociedad pasa por la inversión estatal directa o indirecta en generación de costo mínimo.