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POR: Antonio Almonte
aalmonte@hotmai<l.com

¿Pacto o reforma?

La crisis de nuestro sistema eléctrico es amplia y de tipo estructural. No está para parches ni acciones cosméticas. Llevamos más de medio siglo de apagones, subsidios y corrupción después de que Trujillo creara la antigua CDE en 1955. Es una larguísima y vergonzante historia de gestión publica que acusa, en mayor medida, a la elite política que ha gobernado el país durante tan largo periodo.

El punto en que nos encontramos hoy plantea la cuestión de si maquillamos y «actualizamos» ese régimen inicuo de perdidas exageradas, subsidios a ricos y pobres, tarifas sin fundamentos económicos, clientelismo y corrupción en las empresas distribuidoras y burocracia inflada e irrelevante en materia de control regulatorio y definición de políticas, o si, por el contrario, introducimos cambios radicales para atacar las causas que mantienen la crisis.

El pacto eléctrico tiene estas dos posibilidades. Puede servir para consensuar con el sector privado compromisos de inversiones en plantas generadoras y negociación de contratos nuevos, o la renegociación de aquellos derivados del Acuerdo de Madrid, dejando intactas las distorsiones estructurales que a poco tiempo harían resucitar la disfuncionalidad del servicio, los voluminosos subsidios y una nueva parálisis de inversión pública y privada.

O, por el contrario, dicho pacto podría servir para consensuar una nueva reforma a fondo del sector, esta vez sin anteojeras doctrinarias y aleccionados por el desastre vivido. Una reforma en la regulación técnica-económica del mercado mayorista (transacciones entre generadores y las distribuidoras), incluyendo el mercado spot ; redefinición del estatus de propiedad o gerencial de las distribuidoras y su retribución vía tarifas técnicas, incluyendo subsidios racionales. Una estrategia para conformar un poder regulador de verdad independiente y técnicamente capaz. El mercado eléctrico no se autorregula, su tendencia natural es hacia el monopolio y el abuso de poder de las empresas instaladas, solo una regulación técnica y no politizada garantiza resultados aceptables y sostenibles para la sociedad. Esos cambios implicarían, en los hechos, un rediseño del mercado eléctrico, que es un proceso eminentemente técnico, no político, por lo que los responsables del pacto deberían considerarlo con muchísimo cuidado.