La CDEEE y la peor licitación

Las sospechas y señalamientos públicos sobre posible sobrevaluación de costos en la contratación de las dos plantas a carbón en Punta Catalina tienen su origen más allá de Oderbrecth y su cola de acusaciones de fraudes que se extiende por casi toda América Latina.

El primer movimiento extraño ocurrió cuando pocas semanas después de su juramentación Danilo Medina dispuso la suspensión del proceso de licitación internacional para la instalación de hasta 1500 MW con plantas a carbón y gas natural que la gestión de Marranzini había iniciado en enero del 2012 y que en abril ya se habían precalificado seis empresas.

En esa licitación la empresa que resultare seleccionada iba a construir, instalar y operar las plantas eléctricas con sus propios recursos y con financiamientos conseguidos por su cuenta y riesgos y sin que el Estado dominicano tuviera que invertir un solo centavo.

El único compromiso del Estado iba a ser el de comprarle la energía producida mediante contratos de largo plazo con las empresas distribuidoras.

Esto iba a resultar muy fácil porque casi el 90% de la energía que la población consume provienen de contratos que mantienen las distribuidoras en la actualidad con varias empresas generadoras.

Entonces, las distribuidoras solo iban a sustituir los viejos contratos por otros nuevos con plantas eléctricas que producirían a muchos menores costos que las actuales.

Todos sabemos que para el 2016 se vencerán los contratos del Acuerdo de Madrid y que quedarán libres para recontratar (obligatoriamente) más de 700 nuevos MW y si la licitación iniciada por Marranzini en el 2012 se hubiera continuado, entonces aquellas nuevas plantas estarían listas para sustituir a las viejas el año que viene, a menor precio de venta y sin endeudar el Estado con más de 2500 millones de dólares como sucederá con la estrategia de Danilo y Bichara en Punta Catalina.

Contratar de esa manera dos plantas de carbón de esa envergadura, es un descomunal abuso de poder contra un pueblo sumido en la miseria. Había opciones mejores y el Gobierno lo sabia