Ineficiente y caro

Hace décadas, en América Latina, era común citar a los bajos sueldos de los empleados públicos como la causa principal de su escasa motivación y pobre calidad. Hoy sabemos, que esa no es toda la verdad. En la República Dominicana de los últimos años, un gran número de funcionarios del Estado está recibiendo fantásticos sueldos y, sin embargo, la calidad de su trabajo y su preparación profesional dejan mucho que desear.

Más aún, la vía de acceso a los puestos no tiene nada que ver con currículos o experiencia de trabajo. La ruta expedita es el favoritismo o el servicio político electoral; pero la distorsión no se para ahí, puesto que el hecho de que ciertos funcionarios reciban sueldos casi millonarios, en contraste con subalternos que perciben salarios de miseria, es también un caso de flagrante injusticia.

Paradójicamente, paralelo a esa dañina tendencia en la conformación de la burocracia del Estado, la nación enfrenta nuevos y grandes desafíos que requieren, precisamente, una administración pública técnicamente capaz y con entereza ética.

Por ejemplo, estamos ahora más expuestos a los embates de tormentas, ciclones y sismos, contaminación ambiental, consumo de medicinas y alimentos contaminados, así como la difusión de plagas y epidemias.

Y, podríamos citar las capacidades que se requieren para controlar incursiones del crimen internacional organizado, como el narcotráfico, el lavado de activos y los artificios financieros.

La prevención y control de tales problemas requiere un Estado tecnológicamente bien equipado y con un ejército de funcionarios y empleados entrenados y competentes.

Asistimos, además, a una creciente presión de inmigraciones de haitianos y de otras nacionalidades, y, de igual manera, la diáspora dominicana en Europa y en América está conduciendo a una virtual conformación de una nación de ultramar.

Por otro lado, ha quedado claro que el escandaloso fracaso de la reforma eléctrica, aparte los intereses espurios involucrados, se debe también a nuestra inexperiencia en la organización y regulación de un mercado especialmente complejo y que produce y vende un servicio socialmente imprescindible.

El asunto es que el Estado de hoy tiene sofisticadas y exigentes responsabilidades en la regulación de mercados, garantía de oferta y acceso de servicios, manejo de problemas migratorios y fronterizos, creación de una línea de defensa sanitaria basada en adecuada tecnología, control de la criminalidad callejera y la conducción de los asuntos económicos y financieros en un mundo volátil.

¿Apunta, la actual política de nombramientos, salarios e incentivos que mantiene el presidente Fernández hacia la superación de esas deficiencias?

Lamentablemente no, la burocracia oficial es cada vez más grande y costosa, y tal parece que, para el Presidente, los cargos públicos son como sus charlas sobre modernización, un eficaz recurso para ganar apoyo y reelegirse.