Otro escándalo.-

En el fin de semana recién pasado participamos en calidad de expositores en el “Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, Garantías Constitucionales y Derechos Fundamentales”, organizado por la pujante Asociación de Abogados de Las Terrenas.

La dirige la doctora Lucifabery Mercedes Morel, una talentosa joven jurista que tiene corazón de gigante, como decía el inconmensurable José Martí, para el trabajo, convocatoria y organización. Nos encomendaron la misión, además, de coordinar una mesa de debates. Disertamos sobre la temática “El Derecho Fundamental al Acceso a la Justicia”.

La actividad contó con una importante delegación extranjera de expositores constitucionalistas, y una numerosa participación nacional de profesionales del Derecho. Los dos días de las sesiones de trabajo se realizaron en un importante hotel de Portillo.

Los expositores nacionales fueron los doctores Cándido Simó, Claudio A. Medrano, Juan M. Morel, Félix Tenas, el autor de esta columna…, y los extranjeros: Paola A. Arias M., (Bolivia); Carlos G. Grimaldo, (Venezuela); Edwin Duartes (Costa Rica), Juan M. González (Paraguay), Milton Riofrio (Ecuador)… Pocas veces en este país se ha producido una fiesta de las ciencias jurídicas de esa magnitud.

En nuestro discurso, afirmamos que el acceso a la justicia es la garantía y el derecho fundamental que hace posible el respeto y la protección de los demás derechos. Abarca desde el apoderamiento del tribunal hasta la ejecución de la sentencia. Asegura la institucionalidad, la gobernabilidad, la paz y la cohesión social. Esto así porque sin acceso a la justicia no hay ni desarrollo económico ni social ni vida democrática ni estabilidad política ni Estado Social y Democrático de Derecho.
Por eso es que nuestra Constitución, en su artículo 69.1, consagra:

Toda persona tiene derecho “… a una justicia accesible, oportuna y gratuita”. Y los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos reconocen esa prerrogativa. Con razón George Washington afirmó que sin justicia no hay democracia. Y Confucio, el sabio chino, dijo que donde hay justicia no hay ni hambre.

Sin embargo, en esta tierra de Duarte, Luperón, Caamaño, Bosch y Peña Gómez, digna de mejor suerte, el acceso a la justicia para los pobres es una tarea pendiente. El Estado ha incumplido su obligación. Hay factores que gritan: sociales, como la falta de educación, la pobreza y la exclusión; legales, como impuestos y honorarios de abogados (sin olvidar a los defensores públicos), procedimientos, plazos y papeleos excesivos; burocracia e inadmisibilidades; materiales, edificaciones y ambientes inadecuados para la majestad de la justicia, sin acceso de rigor ni parqueos, etc.

Y concluí con la convicción de que solo un gobierno popular y realmente democrático y constitucional puede hacer que el citado artículo 69.1 de la Carta Magna deje de ser una inmensa mentira. Solo los insensibles e ignorantes la creen.