DETALLES

Prejuicios e intereses

La Republica Dominicana es quizás el mejor ejemplo en Latinoaméricade las consecuencias negativas que se derivan de afincarse en prejuicios ideológicos a la hora de decidir si privatizar o no empresas de servicios públicos como, por ejemplo, las eléctricas.

Hemos pasado por todas. Vendimos la CDEEE en el 1999, y fracasamos estrepitosamente. Estatizamos de nuevo las tres distribuidoras de electricidad, entre 2003 y el 2009, y los resultados en ineficiencia operativa y financieras no pueden ser peores.

Sin embargo, todavíahay gente queno entiende que el colapso de esas distribuidoras en manos privadas fue la consecuencia de que en el 1999 dichas empresas fueron privatizadas sin ninguna estrategia de regulaciónespecífica del servicio eléctrico [ni siquiera se había aprobado una ley de electricidad], sino que fueron vendidasbajo la misma sombrilla conceptual que se utilizó para vender la Cementera, Molinos Dominicanos, el CEA y empresas similares, como si una industria de mercadería común fuera lo mismo que el servicio eléctrico público.

Ahora, a 20 años del 1999, algunos sectores parecen no haber entendido que sobre electricidad la discusión de si público o privado no tiene sentido, sino el análisis especifico y pragmático de cada situación.

Por ejemplo, en el caso de Punta Catalinael problemaes que si la central tiene asegurada la venta de toda su producción y a buen precio, entonces podría no tenerjustificación económica su venta. Además, si el Gobierno puede contratar una firma especializada en gestión comercial y operación y mantenimiento de termoeléctricas, entonces tampoco se justifica vender la central.

Si el Gobierno ya pagómás del 70% de la construcción con fondos propios, luego tampoco se justifica la prisa para entregársela a empresarios privados.

Lo lógico, en este país, es que sea el sector privado el que construya plantas de generación y que el Estado se limite a comprarle la energía que produzcan, pero no al revés; no que el Estado se sacrifique y construya plantas para luego cederlas al sector privado a “precio de mercado” mientras el Estado se queda con las deudas y sobrevaluaciones. Negocio de “capaperros”.